En un desarrollo reciente en el sector de las telecomunicaciones, la empresa Claro, propiedad del magnate mexicano Carlos Slim, ha formalizado su oposición a la adquisición de Telefónica por parte de Telecom. La compañía presentó sus objeciones ante el Enacom, argumentando presuntas irregularidades en el proceso de compra.
El Gobierno argentino había suspendido preventivamente la transacción, señalando que podría aumentar significativamente la cuota de mercado de Telecom. Esta decisión se tomó tras las recomendaciones de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que advirtió sobre las implicancias de tal fusión en la competencia del mercado.
Claro sostiene que la operación infringió varias normativas, incluyendo la transferencia no autorizada de espectro radioeléctrico. En su presentación, la empresa argumentó que Telecom habría recibido 130 MHz del espectro sin la debida autorización, excediendo los límites establecidos por las regulaciones vigentes.
Además, Claro ha pedido que se investigue la reciente asamblea de Telefónica, donde se ratificaron nuevas autoridades designadas por los accionistas. Según Claro, esto representa un avance de Telecom en la gestión de Telefónica sin la aprobación necesaria, lo cual violaría la Ley Argentina Digital.
La empresa ha instado al Enacom a que exija a Telecom y Telefónica que revoquen la transacción dentro de un plazo de diez días hábiles, advirtiendo que, en caso de incumplimiento, podrían revocarse las licencias de telecomunicaciones correspondientes.
El contexto de esta disputa es crítico, ya que la fusión de ambas compañías podría resultar en una concentración de mercado del 61% en telefonía móvil y hasta del 80% en algunos servicios de internet, lo que podría afectar a los consumidores y a la competencia en el sector.
El Gobierno, por su parte, ha reafirmado su compromiso de garantizar una competencia justa en el mercado y proteger los derechos de los consumidores, mientras se profundiza el análisis de la operación.
Este conflicto resalta la tensión existente en el sector de telecomunicaciones y la importancia de las regulaciones para mantener un mercado competitivo y accesible para todos los usuarios.