El gobierno de Javier Milei está ultimando detalles para una ambiciosa reforma tributaria que promete generar controversia en las provincias. La propuesta incluye la eliminación del 90% de los impuestos nacionales, como el de débitos y créditos bancarios, para facilitar un entorno más competitivo y atractivo para la inversión.
Aunque el ministro de Economía, Luis Caputo, indicó que el proyecto se presentaría al Congreso después de las elecciones de octubre, Milei considera la posibilidad de adelantarlo a junio para iniciar el debate electoral. La reforma busca responder a las demandas del sector empresarial y se enmarca en las negociaciones con el FMI.
El nuevo esquema dejaría solo seis impuestos en funcionamiento, entre los cuales destacan el IVA, las contribuciones a la seguridad social y el impuesto a las ganancias. Esta simplificación tiene como objetivo eliminar impuestos distorsivos, como los ingresos brutos, que encarecen el precio final para el consumidor.
El «Súper IVA«, inspirado en el modelo brasileño, podría aumentar la alícuota real del 21%, pero a su vez, se espera que los precios finales de los productos disminuyan, ya que otras restricciones dejarían de aplicarse. La reforma busca devolver a las provincias su autonomía fiscal y fomentar una competencia positiva entre ellas para atraer inversiones.
Esta transformación fiscal, que podría estar en marcha para el segundo trimestre de 2026, también incluye la eliminación de retenciones a las exportaciones y un enfoque en mantener un superávit fiscal que permita una reducción progresiva de la presión tributaria. Sin embargo, los desafíos son significativos, y el gobierno deberá equilibrar las necesidades fiscales de las provincias con la necesidad de incentivar el crecimiento económico.