La administración de Javier Milei está a punto de implementar una reforma migratoria que promete transformar el panorama para los inmigrantes en Argentina. Esta nueva normativa, que se anunciará mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), introduce cambios significativos en los requisitos para la ciudadanía, residencia y permanencia en el país.
Uno de los puntos más destacados es la creación de un sistema de «ciudadanía por grandes inversiones», que permitirá a extranjeros que realicen inversiones sustanciales acceder a la ciudadanía de manera más rápida. Además, se establece que la ciudadanía solo podrá obtenerse tras dos años de residencia continua en el país, sin interrupciones.
Las nuevas reglas también endurecen los requisitos para obtener la residencia permanente. Solo los hijos de argentinos obtendrán esta condición automáticamente; los padres deberán demostrar arraigo y antecedentes penales limpios.
En cuanto a la entrada al país, se implementarán controles más estrictos. Se requerirá una declaración jurada y un seguro médico para todos los extranjeros, y se considerará la deportación de aquellos con antecedentes penales.
Con estos cambios, la administración busca no solo mejorar la gestión migratoria, sino también alinear las políticas del país con tendencias globales. Sin embargo, se anticipan debates sobre su impacto en la economía y la comunidad inmigrante.