El Gobierno Nacional ha dado marcha atrás con la Resolución 187/2025, una normativa que había generado controversia por su impacto en las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral. La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) oficializó su derogación mediante la Resolución 1172/2025, publicada en el Boletín Oficial.
La resolución anulada establecía un baremo médico para evaluar la invalidez laboral, con el objetivo de auditar más de un millón de beneficiarios. Sin embargo, el Gobierno decidió suspender su aplicación tras detectar fallas en el sistema y preocupaciones sobre su alineación con normativas internacionales.
A pesar de la derogación, el proceso de auditoría de pensiones no se detiene. Las autoridades han anunciado que trabajarán en una nueva reglamentación que garantice mayor transparencia y equidad en la revisión de los casos.
Este cambio responde a críticas sobre la implementación de la resolución, que había sido señalada por posibles irregularidades en la evaluación de los beneficiarios. Según el vocero presidencial, Manuel Adorni, el sistema anterior presentaba fallas que debían corregirse para evitar injusticias en la asignación de pensiones.
La decisión de derogar la Resolución 187/2025 marca un punto de inflexión en la gestión de las pensiones por invalidez. Ahora, el desafío será diseñar un nuevo procedimiento que garantice un equilibrio entre el control de los beneficios y el respeto por los derechos de las personas con discapacidad.