El gobierno argentino presentó un ambicioso plan económico, denominado «Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos», diseñado para fomentar la formalización de la economía y recuperar la confianza de los ciudadanos. Este plan marca un giro radical en la política económica del país, alejándose de las prácticas que, según el gobierno, criminalizaban el ahorro y generaban desconfianza en el sistema financiero.
El eje central del plan es la eliminación de la obligación de informar sobre consumos personales y variaciones patrimoniales. El vocero presidencial, Manuel Adorni, lo definió como el fin de un «Estado Gran Hermano» que vigilaba las transacciones de los ciudadanos como si fueran delincuentes. Se busca revertir la situación donde, según el gobierno, por cada peso en la economía formal, circulan cinco en la informalidad.
Las medidas clave que entran en vigor el 23 de mayo incluyen la eliminación de la obligación de informar compras con tarjeta, actividades notariales, compra-venta de inmuebles, servicios públicos, y la prohibición a los bancos de solicitar declaraciones juradas de impuestos. Además, se elevaron significativamente los umbrales para solicitar información sobre transferencias, extracciones, saldos bancarios y plazos fijos. Las compras de hasta $10 millones estarán exentas de requerimientos adicionales de información.
Este cambio de paradigma se complementa con un proyecto de ley que se enviará al Congreso para blindar a los ahorristas de futuras modificaciones en los regímenes tributarios y penales. El gobierno se compromete a combatir el crimen organizado y el lavado de dinero, pero enfocando los recursos en la persecución de los verdaderos delincuentes, no en los ciudadanos que buscan proteger sus ahorros.
El plan también incluye un régimen simplificado de Ganancias a partir de julio de 2025, con el objetivo de facilitar el cumplimiento tributario y reducir la carga burocrática. El Banco Central, por su parte, dictará normas complementarias para reducir la carga administrativa en las interacciones con la banca.
En resumen, el gobierno argentino apuesta a reconstruir la confianza entre el Estado y los ciudadanos, promoviendo la formalización de la economía a través de un enfoque que prioriza la transparencia y la lucha contra el crimen real, sin perjudicar a los ahorristas honestos. El tiempo dirá si este cambio de rumbo logra los objetivos propuestos.