Recientemente, diversas organizaciones de personas con discapacidad en Argentina han llevado su reclamo a la ONU, denunciando un ajuste significativo en los derechos y prestaciones que afectan a más de 1.2 millones de ciudadanos en el país. Este llamado de atención surge en medio de marchas y movilizaciones que se realizan en todo el territorio nacional, exigiendo la declaración de una ley de emergencia en discapacidad.
Una crisis sin precedentes
La situación actual se ha vuelto crítica debido a la dificultad de acceso a pensiones, la falta de aumentos para los prestadores desde diciembre, y el desfinanciamiento de programas esenciales. Las modificaciones introducidas por el Gobierno, específicamente un decreto que cambia los requisitos para acceder a pensiones por discapacidad, han sido catalogadas como un incumplimiento de los compromisos internacionales que Argentina ha asumido.
Retrocesos en derechos
Las pensiones no contributivas por invalidez, establecidas desde 1949, han sido objeto de críticas por carecer de un enfoque inclusivo. La denuncia argumenta que los cambios recientes reinstauran un modelo que ignora las barreras que enfrentan las personas con discapacidad, perpetuando su dependencia económica. Además, los nuevos criterios para la obtención de estas pensiones son considerados discriminatorios y en contradicción con fallos judiciales previos que habían declarado inconstitucionales normas similares.
Auditorías controvertidas
El Gobierno también ha comenzado a realizar auditorías sobre las pensiones ya otorgadas, lo que ha generado preocupación en la comunidad de personas con discapacidad. La metodología utilizada para notificar a los beneficiarios es considerada inaccesible, lo que pone en riesgo su derecho a recibir asistencia. Muchos de ellos no pueden desplazarse o no reciben la información adecuada para asistir a estas auditorías.
Demandas urgentes
Las organizaciones han solicitado a la ONU que inste al Estado argentino a suspender las auditorías y que se ajuste la normativa a los estándares internacionales de derechos humanos. Además, reclaman que se declare una emergencia en discapacidad, lo que permitiría equiparar las pensiones al 70% del haber mínimo jubilatorio y actualizar los aranceles de los prestadores.
Movilización y apoyo
Este jueves, miles de familias y profesionales se movilizan hacia el Congreso para exigir que se priorice la situación de las personas con discapacidad. La ley de emergencia, que ya cuenta con dictamen de mayoría en Diputados, podría ser tratada en los próximos días, lo que representa una oportunidad crucial para abordar esta problemática de manera efectiva.