Una vez más, Gildo Insfrán arrasó en las urnas formoseñas. Con más del 70% de los votos, el Partido Justicialista consolidó su hegemonía de más de cuatro décadas y allanó el camino para una reforma constitucional que podría habilitar al gobernador a buscar un nuevo mandato en 2027. Pero esta victoria electoral no puede analizarse en el vacío: ocurre en un contexto donde la Corte Suprema ya había declarado inconstitucional la reelección indefinida.
La pregunta que muchos se hacen es: ¿qué sentido tiene un fallo de la Corte si el poder político provincial puede sortearlo con una reforma exprés? Insfrán, anticipándose al fallo, impulsó una ley que declara la necesidad de reformar la Constitución provincial. Con una mayoría aplastante en la Legislatura, el trámite fue veloz. Ahora, con el control absoluto de la Convención Constituyente, el oficialismo podrá modificar el artículo cuestionado y resetear el contador de mandatos.
Este escenario plantea un dilema institucional profundo. La Corte Suprema, máximo intérprete de la Constitución Nacional, ya se pronunció. Sin embargo, el poder local avanza sin freno, desafiando el espíritu del fallo. ¿No es esto una afrenta al orden constitucional? ¿No justifica esto, al menos, el debate sobre una intervención federal?
El artículo 6 de la Constitución Nacional establece que el Gobierno federal puede intervenir una provincia para garantizar la forma republicana de gobierno. ¿Qué otra cosa es la reelección indefinida, sino una distorsión de esa forma? ¿Qué otra cosa es una reforma constitucional hecha a medida de un solo hombre, sino una señal de alarma democrática?
La intervención federal no es una herramienta menor. Es una medida extrema. Pero también es una herramienta legítima cuando los mecanismos institucionales locales han sido capturados. Y en Formosa, la alternancia parece una utopía.
Mientras tanto, la oposición tradicional sigue sin encontrar el rumbo, y La Libertad Avanza, aunque logró un debut significativo con cerca del 10% de los votos, aún está lejos de disputar el poder real. El PJ sigue siendo amo y señor del tablero político formoseño.
La Corte habló. El pueblo votó. Pero la democracia no se mide solo en votos, sino en reglas claras, límites al poder y respeto por las instituciones. Si esos pilares se erosionan, la intervención federal deja de ser una amenaza y se convierte en una necesidad.