En un contexto donde la economía nacional se tambalea, surgen voces críticas que cuestionan con vehemencia cómo se financiará el reciente aumento de jubilaciones.
Las entidades bancarias y representativas del sector empresarial han alzado su voz, advirtiendo que las medidas propuestas no solo son insuficientes, sino que podrían desestabilizar un pilar fundamental para el financiamiento de las pequeñas y medianas empresas (pymes).
Un Lamento Colectivo
El Gobierno nacional, en su intento por asegurar un respaldo financiero para las jubilaciones, ha recolectado un apoyo inesperado en su disputa con el Congreso. No obstante, este respaldo se ve empañado por las advertencias de la Cámara de Comercio, que enfatiza que “las restricciones presupuestarias están presentes en cualquier familia, empresa o país”. Este llamado a la sensatez, lejos de ser un acto de insensibilidad, se presenta como un imperativo para la gestión adecuada de los recursos.
Las entidades bancarias, como la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) y la Asociación de la Banca Especializada (ABE), han manifestado su preocupación ante la eliminación de las exenciones fiscales del régimen de Sociedades de Garantía Recíproca (SGR). Este sistema ha sido un ancla crucial para el financiamiento de las pymes, y su modificación sin un análisis riguroso es calificada como un “grave error de política económica”.
Un Sistema en Peligro
La eliminación de estas exenciones no solo impacta en la capacidad de las pymes para acceder a créditos, sino que también desmantela un esquema público-privado que ha demostrado ser eficiente a lo largo de los años. Con datos que revelan que una de cada tres pymes obtiene financiamiento a través de este sistema, el costo fiscal asociado se torna insignificante en comparación con los beneficios económicos generados.
Las Bolsas de Comercio de todo el país, incluyendo la de Córdoba, han expresado su rechazo a esta medida, subrayando que “este cambio realizado sin debate ni consultas no solo aniquila un sistema virtuoso de financiamiento, sino que también desarma un esquema que ha demostrado eficiencia y compromiso patrimonial”.
Un Futuro Incierto
A medida que las críticas se intensifican, el presidente Javier Milei se encuentra en una encrucijada. Las propuestas de financiamiento incluidas en las leyes parecen ser insuficientes para cubrir los gastos adicionales, estimados por la Casa Rosada en 2,5 puntos del PBI, mientras que los sectores privados lo calculan entre 1,3% y 1,5%.
Este desajuste en las estimaciones revela no solo la fragilidad del sistema financiero, sino también la urgencia de establecer un diálogo constructivo que permita encontrar soluciones viables. La voz de la comunidad empresarial y bancaria se erige como un faro en esta tormenta, instando a que se reevalúe la situación antes de que las decisiones precipitadas generen daños irreparables.
Así, en esta danza de intereses y necesidades, se impone la responsabilidad de encontrar un equilibrio que garantice tanto el bienestar de los jubilados como la estabilidad del sistema productivo. La presión sobre el Gobierno para que actúe con sensatez se intensifica, y el futuro económico del país pende de un hilo, donde cada decisión será crucial para el bienestar colectivo