Convulso teatro de la economía argentina que, se cierne un acontecimiento de proporciones titánicas: la inminente privatización de la venerable empresa Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA).
En un giro de eventos que evoca las tragedias de antaño, el Gobierno de Javier Milei, cual moderno rey Midas, se apresta a lanzar una licitación que otorgará el control de más del 51% de las acciones a un privado, dando la espalda a la venerable tradición estatal que ha regido el servicio de agua potable y el tratamiento de desagües en la Ciudad de Buenos Aires y sus adyacencias -AMBA-.
Las modificaciones en el marco regulatorio, cual tempestades en el firmamento, permitirán a la nueva concesionaria ejercer un poder absoluto, cortando el suministro a aquellos hogares que osen retrasarse en sus pagos, así como ajustar las tarifas con la cadencia de la inflación y la necesidad de nuevas obras. Este cambio, que promete revolver las aguas tranquilas de la política y la economía, se erige en un contraste abismal con el statu quo que antes prevalecía.
Las fuentes oficiales, como oráculos del destino, han revelado que el Estado, que antaño poseía un 90% de las acciones, se prepara para una metamorfosis que transformará la esencia misma del servicio. Así, la historia de AySA, que ha sabido abastecer a más de 11 millones de almas, se encamina hacia un futuro incierto, donde el interés privado podría eclipsar el bien común.