En el ámbito político de la provincia de Buenos Aires, la situación se torna cada vez más complicada para la senadora Flavia Delmonte, del partido UCR.
Acusada de liderar una red de «ñoquis» y «prestanombres», su caso ha generado un intenso debate sobre la corrupción en la legislatura. A pesar de que la justicia solicitó su desafuero hace 15 meses, el Senado ha mostrado renuencia a actuar, lo que ha llevado a la Fiscalía a tomar medidas drásticas.
El fiscal Mario Rafael Pérez ha decidido desdoblar la investigación, separando la situación de Delmonte de la de sus colaboradores. Mientras espera el final de su mandato en diciembre, ha solicitado el juicio oral para Kevin Alan Razimoff, su principal asistente, quien está implicado en las mismas irregularidades. Esta decisión busca evitar que el caso se estanque debido a la inacción del Senado, que se ha negado a proporcionar información crucial sobre los empleados designados por Delmonte y otros detalles que podrían esclarecer los hechos.
Delmonte se defiende argumentando que las acusaciones se basan en testimonios sin fundamento sólido, y denuncia que la ofensiva judicial tiene motivaciones políticas que afectan su carrera. Sin embargo, la Fiscalía ha presentado evidencias que sugieren un manejo irregular de cuentas y posibles intentos de desviar fondos públicos.
A medida que el caso avanza, la presión sobre Delmonte se intensifica, y su futuro político parece incierto. La situación plantea interrogantes sobre la responsabilidad de las instituciones en el combate a la corrupción y la necesidad de un sistema que permita una investigación efectiva sin interferencias políticas.