En un giro significativo en el ámbito judicial, la Cámara Federal ha revocado el sobreseimiento de varios exfuncionarios de la administración de Mauricio Macri, ordenando que se continúe la investigación sobre posibles irregularidades en la concesión del espectro radioeléctrico.
Esta decisión, tomada por los jueces Martín Irurzun, Eduardo Boico y Eduardo Farah, se centra en sí estos exfuncionarios presionaron al empresario Daniel Vila, presidente de Supercanal SA y Arlink SA, para que desistiera de una medida cautelar que le otorgaba derechos sobre el espectro.
El caso se enmarca en un contexto donde la relación entre el poder político y los intereses económicos está bajo la lupa.
La hipótesis de la investigación sugiere que diversas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional habrían ejercido presiones sobre Vila con el fin de liberar el espectro para la prestación de servicios de comunicaciones 4G, lo que podría haber beneficiado a otra compañía.
La resolución de la Cámara Federal destaca que aunque se han realizado algunas medidas probatorias, aún queda mucho por investigar. Las comunicaciones y reuniones entre los involucrados han sido documentadas, pero los jueces enfatizan que es necesario profundizar en los detalles para determinar si estas acciones encuadran en la hipótesis penal de la causa.
Entre los exfuncionarios que continuarán bajo investigación se encuentran el exministro de Comunicaciones Oscar Aguad, el expresidente del ENACOM Miguel de Godoy, y varios otros asesores y directores vinculados al ministerio.
La Cámara ha instado al juez Daniel Rafecas a acelerar el proceso de investigación, sugiriendo que se convoquen a nuevos testigos y se continúen las indagatorias, incluyendo la de Mario Quintana, exfuncionario de Jefatura de Gabinete.
Este fallo no solo reabre el caso, sino que también pone de manifiesto la complejidad de las relaciones entre el Estado y el sector privado, invitando a una reflexión más profunda sobre la transparencia y la ética en la gestión pública.
La decisión de la Cámara Federal podría tener implicaciones significativas para el futuro de estos exfuncionarios y para la percepción pública de la administración macrista.