Con Vicuña en la mira, crecen las dudas sobre el verdadero impacto laboral para los sanjuaninos. El gremio y el ministro advierten: no alcanza con promesas.
El megaproyecto minero Vicuña, impulsado por BHP y Lundin Mining, aún no comenzó su etapa productiva, pero ya desata polémica en San Juan.
Esta semana, el ministro de Minería, Juan Pablo Perea y el secretario general de ASIJEMIN Marcelo Mena Muñoz, coincidieron en una preocupación central: la contratación de personal extranjero antes de haber asegurado el empleo local.
Durante una reunión en la sede del gremio, el funcionario y el dirigente analizaron la situación. Según Mena, hay datos concretos que alertan: 500 trabajadores chilenos ya estarían contemplados dentro de un total estimado de 8.000 puestos que generaría Vicuña. Aunque el número parezca menor en proporción, la alarma se enciende por el gesto inicial: empezar desde afuera.
“No estamos en contra de nadie, pero sí a favor de los trabajadores sanjuaninos”, sostuvo el titular de ASIJEMIN. “Tenemos técnicos, ingenieros y mano de obra capacitada. No podemos ser espectadores de un proyecto que se hace en nuestra casa”.
Por su parte, el ministro Perea —recién llegado de una visita a Veladero— fue cauto pero firme. “Hay que manejar las altas expectativas que genera la minería, pero también garantizar que las oportunidades queden en San Juan”, declaró. Aseguró que el Gobierno busca acordar con las empresas un modelo de desarrollo inclusivo y sostenible, pero aún no hay un compromiso escrito de Vicuña Corp. sobre porcentajes de contratación local.
El gremio pide que al menos el 80 % de los puestos laborales sean para sanjuaninos, una exigencia que alguna vez fue política de Estado y hoy solo flota en discursos. Además, ASIJEMIN plantea la necesidad de una mesa tripartita formal entre Gobierno, empresa y sindicato, donde se firme un acuerdo claro de distribución de oportunidades.
Otro dato no menor: según lo que se conversó en la reunión, las empresas extranjeras que ya operan en el proyecto estarían contratando servicios como salud, logística y perforación sin convocar a proveedores sanjuaninos, ni garantizar que el personal tenga habilitación legal para ejercer en el país.
“Hay proveedores históricos de San Juan que hoy no tienen respuesta. Mientras tanto, entran firmas de afuera con todo servido”, dijo un referente empresarial del sector, que prefirió no ser nombrado.
Ante esto, el Gobierno anunció que antes de fin de año presentará un proyecto de ley para regular y priorizar a los proveedores mineros locales, aunque la letra chica aún no se conoce.
Lo que sí se sabe es que la ansiedad por Vicuña ya no es solo por lo que promete, sino por lo que podría incumplir. Porque si el desarrollo llega, pero no arraiga, si el oro sube, pero el empleo baja, entonces la pregunta volverá a repetirse, cada vez más fuerte:
¿Minería para quién?