En un giro dramático en el escenario político argentino, el Gobierno de Javier Milei se encuentra en una encrucijada, intentando evitar la implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que ha suscitado un fervoroso debate entre las distintas fuerzas políticas.
Esta ley, que busca regularizar el pago a prestadores y actualizar aranceles, ha enfrentado el rechazo presidencial, y la oposición ha logrado desbaratar el veto, lo que ha llevado a la Casa Rosada a preparar su estrategia judicial para contrarrestar este inminente avance legislativo.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, ha insinuado en sus comunicados que el Gobierno contempla la posibilidad de aumentar las partidas destinadas a la población con discapacidad. Sin embargo, este movimiento parece más una maniobra para apaciguar el descontento social que una genuina intención de mejorar la situación de este colectivo.
A medida que el oficialismo de La Libertad Avanza se enfrenta a la descomposición de sus relaciones con aliados legislativos, la estrategia judicial emerge como un último recurso para intentar frenar la aplicación de la ley.
La Casa Rosada ha dejado entrever que, en caso de que el veto sea rechazado en el Senado, procederá a judicializar la norma. Se barajan dos posibles vías legales: cuestionar la legalidad de la sesión que aprobó la ley, argumentando que la convocatoria es prerrogativa del presidente, o alegar que la oposición ha impuesto una normativa sin las fuentes de financiamiento adecuadas.
La Oficina del Presupuesto del Congreso estima que la ley tendría un impacto fiscal que oscila entre el 0,25% y el 0,45% del PIB, un costo que el Gobierno se muestra reacio a asumir. En su afán de contener el gasto, el Ejecutivo ha decidido no implementar incrementos en las prestaciones ni en las pensiones, esgrimiendo restricciones presupuestarias como justificación.
La Ley de Emergencia en Discapacidad, que declara la emergencia nacional hasta el 31 de diciembre de 2027, busca garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad, tal como lo establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, cuya jerarquía constitucional en Argentina es innegable. Con esta normativa, el Estado se compromete a adoptar medidas que aseguren el acceso a educación, salud y protección social, alejándose del antiguo modelo médico-asistencial.
Así, en medio de maniobras legales y tensiones políticas, el futuro de esta ley y de los derechos de las personas con discapacidad en Argentina se enfrenta a un horizonte incierto, donde el clamor por justicia social y derechos humanos se entrelaza con las intrigas del poder.