El juez Ramírez se caracterizó por mantener un buen diálogo con los procesados, las familias vinculadas a sus causas y con la prensa. Foto/Jorge Amaya
El titular del 1º Juzgado de Menores, Guido Ramírez, está próximo a jubilarse y antes de abandonar su despacho accedió a dialogar con SJ8. Después de 40 años de ejercicio de la abogacía y de una larga carrera como juez, el magistrado prefiere definirse como “un mediador en causas familiares y penales que tenga como protagonistas a menores de 18 años”.
– ¿Qué opina del aumento de los menores delincuentes?
– Es verdad que en la actualidad los hechos cometidos por niños y adolescentes han aumento considerablemente. Asimismo se produjo una disminución en la edad de los involucrados y un aumento en la agresividad de los ilícitos. También es un hecho que el niño transgresor es influenciado por los medios de comunicación. Por desgracia, aparecen con mayor frecuencia que la deseada sucesos negativos cuyos protagonistas son adolescentes y niños. Antes, los delitos cometidos por los menores eran hurtos, peleas callejeras y arrebatos, pero ahora eso se agravó. Se están registrando hechos muy serios como robos calificados y hasta homicidios cuyos autores son menores.
– ¿Hay que reducir la edad de inimputabilidad de los menores?
– Sí, es el momento propicio para modificar la edad de inimputabilidad penal. Para algunos especialistas el límite cronológico de 16 años ya no refleja el verdadero punto de maduración de un adolescente. Pero disminuir el límite de inimputabilidad penal solamente aparece como una solución facilista, ya que difícilmente puede remover las profundas causas sociales, económicas y morales que condicionan las conductas de los niños. El problema debe abordarse con respuestas en el desarrollo, la ocupación, la vivienda, la salud, la educación y una seria política de fortalecimiento familiar. Si solamente se baja la inimputabilidad y no se atiende el problema de fondo no tiene sentido.
– ¿Y cuál sería la solución?
– Creo que a mayor prevención, menor tratamiento. Esto es como la salud: mientras más se haga hincapié a la prevención se van a necesitar menos tratamientos. Hay que ahondar en las causas por las que un niño se encuentra en situación de calle o en conflicto con la ley penal. Por eso hay que comenzar haciendo hincapié en la educación.
– ¿Necesitamos instituciones que contengan a los menores implicados en una causa judicial?
– Hay que destacar que en San Juan se está trabajando en materia de minoridad más que en años anteriores. El Instituto Nazario Benvidez alberga a niños que tienen problemas de conducta muy graves. Lo que se intenta es que estén ocupados con esparcimiento. La idea es que una vez que salgan hagan algo útil a la comunidad. Porque si pensamos que los institutos para mayores son para rehabilitar con mayor razón aquellos niños que cometieron hechos antisociales graves se tienen que poder reincorporar prontamente a su familia en las mejores condiciones desde donde nunca debieron salir.
– Usted que tiene la posibilidad de dialogar con los menores, ¿por qué cree que delinquen?
– Recuerdo el caso de un chico de 14 años a quien interrogué por el hecho que realizó. Cuando le pregunté por su mamá él me respondió: ‘¿Usted cree señor juez que si yo tuviera una mamá que se hubiese preocupado por mí, yo hubiese llegado a esto? Mi mamá creo que vive, pero se fue de la casa cuando yo tenía 7 años, escapándose de mi papá que era borracho y le pagaba por cualquier cosa. Se fue a Córdoba con mis dos hermanitos menores y no la vi nunca más. Me quedé con mi abuela hasta que ella murió y después me quedé en la calle. ¿Usted sabe lo triste que es criarse en la calle sin padre y sin madre?’. Fue una respuesta que me dejó helado. El problema de ese niño no es de la familia solamente, es de todos nosotros, de la comunidad. Paralelamente, muchas veces nos llegan denuncias de vecinos exponiendo que los niños son sometidos a situaciones extremas en el ámbito familiar.
– ¿Recuerda alguna otra causa que lo haya estremecido?
– Sí, recuerdo un caso en 2009, de una niña que padecía parálisis cerebral desde nacimiento. Tenía 14 años y pesaba 13 kilos. En ese momento tenía problemas con la obra social, que cuestionaba una operación de urgencia que necesitaba la niña para salvar su vida. Había que colocarle un aparato para que la comida que ingiriera no fuese a los pulmones. Cuando el caso llegó al tribunal, lo recuerdo como si fuese hoy, lo resolvimos en 20 minutos. Emitimos la orden judicial por la cual obligamos a la obra social a realizar la intervención quirúrgica para poder salvarla.
– Usted también define la tenencia de los hijos de padres separados
– Sí. En este Juzgado siempre se trató de resolver la problemática de los niños por sobre todo. El Juzgado cuenta con la Secretaría Social, donde hay profesionales que abordan en profundidad la problemática. En tema familia nunca se conforma a las dos partes. Uno debe remitirse a los informes de los técnicos para ver cuál de los progenitores es el más idóneo para lograr el interés superior del niño en un caso determinado. Con la ayuda de estos profesionales se trata de encontrar el mejor lugar para un niño.
Por María Eugenia Vega. SANJUAN8