Sin poder ocultar algunas diferencias en sus filas, efectivos de Gendarmería y Prefectura decidieron mantener las medidas de protesta en todo el país luego de que el Gobierno rechazó concederles un salario básico de 7000 pesos. Si bien unos 200 gendarmes y prefectos se movilizaron anoche hasta la Plaza de Mayo -que fue vallada en su totalidad- y amenazaron con levantar la mitad de los puestos de control en el país, el clima de malestar en ambas fuerzas parecía haber menguado tras una semana en la que no faltaron momentos de máxima tensión. Parte de esa insatisfacción se trasladó, en cambio, hacia la cúpula de ambas fuerzas, luego de que la Casa Rosada difundiera que algunos oficiales de alto rango -principalmente de Gendarmería- percibían haberes cercanos a los 90.000 pesos. Apostados frente a los edificios Centinela, de Gendarmería, y Guardacostas, de Prefectura, los efectivos escucharon por altoparlantes la conferencia que ofrecieron el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, y el ministro de Economía, Hernán Lorenzino. No ahorraron silbidos e insultos ante algunas frases polémicas de los funcionarios. En especial, cuando Abal Medina anunció que era «imposible hablar de un básico de 7000 pesos». Luego de esa conferencia, desde las escalinatas del Edificio Centinela, el gendarme Raúl Maza afirmó que la medida de protesta no se levantaba. «Se nos ríen en la cara», sostuvo el suboficial que actúa como vocero de sus pares, para advertir: «Hemos llamado a nuestros camaradas a levantar el 50 por ciento de los puestos [de control]». Esa intención seguía bajo discusión anoche en otros puntos del país. En Córdoba, por caso, los efectivos decidieron circunscribir la protesta «puertas adentro» del destacamento de Jesús María hasta tener «certezas» de que las categorías más bajas no sufrirían recortes, según indicaron a LA NACION suboficiales de esa provincia. Al caer la noche, unos 200 efectivos de ambas fuerzas lograron acceder a la Plaza de Mayo, pese al vallado que la rodeó en su totalidad. «Nos queríamos movilizar para que la Presidenta nos escuche y ahora vamos a volver a nuestros edificios. Yo no me rindo», afirmó Maza. Aclaró que todavía no se había decidido cómo iba a continuar hoy la protesta. Durante la tarde, el foco mayor de reclamos se había concentrado frente al Edificio Guardacostas, donde unos 1000 manifestantes, entre prefectos, familiares y personal retirado alternaron cortes en las avenidas Madero y Machaca Güemes. «Dijeron lo mismo que el martes pasado, están dilatando una protesta que nosotros no queremos hacer», sostuvo a LA NACION un suboficial con 16 años en la fuerza, tras escuchar el anuncio de la Casa Rosada. Luego, ante la aprobación de sus pares, apuntó contra la cúpula de la fuerza: «No nos avisaron del recorte, cobran sueldos millonarios y, encima, no les pagan a las obras sociales para que nos atiendan». Prefectura hizo ingresar a grupos de 100 manifestantes al edificio, para explicarles los alcances de la medida, que no eran otros que la aplicación del decreto 1307, que originó la protesta. También prometieron que los sueldos mal liquidados iban a ser completados en 48 horas. «Creemos que logramos calmar los ánimos», explicó a LA NACION un oficial de alto rango que lideró esas reuniones. «Prometen que el salario en blanco va a llegar a los 3000 pesos para las tres categorías más bajas, pero también nos dicen que nos van a pagar 2000 pesos en negro», explicó un suboficial al salir de la reunión, convencido de lo contrario. No faltaron momentos de tensión, como cuando un cabo primero estalló en llanto frente al portón del edificio. «Los de arriba se cagan en el personal. Tienen sueldos de 80.000 pesos y a mí me sacaron la plata para pagar el sepelio de mi hija», gritaba, mientras sus compañeros intentaban sacarlo del lugar.
Desde su sanción, en 2009, lo único que avanzó es el control del Gobierno sobre los medios de comunicación.
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) plantea en su texto que busca promover, desconcentrar y fomentar la competencia, “con fines de abaratamiento, democratización y universalización del aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación”. Sin embargo, a tres años de su sanción, hay cada vez más medios en manos de empresarios afines al Gobierno, que junto a los medios públicos ya controlan más del 80% de los medios audiovisuales.La senadora María Eugenia Estenssoro (Coalición Cívica) planteó que de los cinco canales de televisión de aire que emiten en la Capital Federal, “hay cuatro que son oficialistas: uno es el canal estatal y tres son privados, pero la creciente y abultada pauta oficial los obliga a tener un contenido progobierno, así como la incompatibilidad entre sus accionistas y la ley de medios”.
Si la ley se aplicara igual para todos, “tendrían que vender inmediatamente Telefé, cuyo accionista es Telefónica, por la incompatibilidad de tener un accionista mayoritario extranjero, que además es licenciatario de servicios públicos”. También tendría que cambiar de manos Canal 9, porque “su dueño, Remigio González González es extranjero”; mientras que los accionistas mayoritarios de América TV, “tienen participación en una empresa de energía provincial”, algo que también está prohibido por la ley de medios, según dijo la senadora Estenssoro. Y agregó que algo similar ocurre en los canales de noticias. “Hay uniformidad de voces en C5N, CN23, América 24 y Crónica TV, que están alineados con el relato oficial y reciben un gran financiamiento público”.
“Es una ley mal concebida, que tenía una sola finalidad: la destrucción del Grupo Clarín”, aseguró el diputado Enrique Thomas, jefe del bloque del Frente Peronista. “La famosa democratización de la palabra nunca ocurrió y se construyó el multimedio más grande que recuerde la historia argentina, que es el oficial y paraoficial. Para construir un relato falso, hace falta el monopolio de la información. Este objetivo lo tenía esta ley y se está cumpliendo”, dijo Thomas.
El Gobierno nacional pretende aplicar las restricciones a la titularidad de licencias de la ley de medios únicamente al Grupo Clarí n, buscando obligarlo a desprenderse de licencias válidamente otorgadas por el Estado o a transferir sus abonados de la televisión por cable e Internet.
Pero fue justamente el Grupo Clarín el que recurrió a la Justicia para que se respeten los derechos adquiridos, con las licencias que oportunamente le fue otorgando el Estado, con un plazo de duración determinado, cuestión que fue avalada por los jueces de primera y segunda instancia, que mientras dilucidan la cuestión de fondo (la inconstitucionalidad de diversos aspectos de la norma) dictaron medidas cautelares que suspenden la aplicación de esta cláusula.
El diputado Pino Solanas, de Proyecto Sur, afirmó que “la ley de medios está suspendida por el Gobierno, con el pretexto de la medida cautelar sobre el artículo 161, de desinversión. Pero esa medida cautelar es sólo sobre el Grupo Clarín, así que ninguno de sus objetivos se ha cumplido”.
Para Solanas, el primer indicio de esta situación fue que “se conformó un supermonopolio entre Telefónica y Telecom. A la vez, con el manejo de la pauta publicitaria oficial, el Gobierno construyó un grupo de medios muy fuerte que opera como espejo de las políticas del Gobierno, con baja pluralidad. En suma, en estos tres años hemos visto la concentración de emisoras de TV y de radio al servicio de la política oficial”, indicó el líder de Proyecto Sur.
Desde otra visión política, la diputada macrista Laura Alonso alertó que “lamentablemente esta ley fue impuesta con intencionalidad política, con nombre y apellido, por el kirchnerismo”, y que “también se observa esa intencionalidad al no aplicarse ecuánimemente. En lugar de pluralismo de voces, esta ley ha buscado la unanimidad”.
Pese a que la ley de medios establece que uno de los objetivos de Radio y Televisión Argentina (Canal 7 y Radio Nacional) es “respetar y promover el pluralismo político”, la diputada Alonso destacó que “los medios públicos se siguen manejando con la misma disciplina partidaria que lo hizo el menemismo. Allí no hay pluralismo ni independencia de contenidos”.
Para la senadora Norma Morandini (del Frente Cívico cordobés, ex candidata a vicepresidenta del Frente Amplio Progresista) “hay dos concepciones sobre la comunicación: una considera que es el Estado el que distribuye la palabra y la libertad; mientras que nosotros creemos que hay que constituir una cultura democrática de libertad de expresión, cuyo único límite es la responsabilidad”.
FUENTE: CLARÍN