Qué hay detrás de la polémica detención de Hugo Tognoli. Las fuerzas de seguridad santafecinas en el ojo de la tormenta: denuncias por vínculos con redes de prostitución y narcotráfico.
El escándalo que sacudió a la policía santafesina y que terminó con la detención del jefe máximo de la fuerza, Hugo Tognoli, es apenas la punta del iceberg que resulta de una cadena de complicidades de las que siempre se habló por lo bajo y que inclusive, permitió la naturalización de situaciones que a todas luces resultan, cuanto menos, indignantes. A mediados de año, la Asociación de Mujeres Meretrices Argentinas (Ammar) denunciaba la escandalosa designación como jefe departamental del comisario Walter Miranda, procesado por el crimen de la militante por los derechos de las trabajadoras sexuales, Sandra Cabrera. Miranda, pese a su legajo, continúa en el cargo.
Dos meses después, se sumaron las denuncias motorizadas por familiares de las cadetas de Policía que estudiaban en el Isep, que aseguran, sus hijas fueron abusadas en repetidas ocasiones por sus superiores, presionándolas con las futuras calificaciones que obtendrían mientras realizaban la cursada.
Pero, como sobre llovido mojado, las investigaciones de la PSA que terminaron con la detención Tognoli, otras oscuras realidades salen a la luz en una ciudad donde la policía carga sobre sus espaldas una larga historia de abusos cuyo objetivo preferencial parecen ser las mujeres y los jóvenes. La causa penal que intenta establecer las conexiones y la protección que Tognoli, ahora detenido, brindaba a narcotraficantes y a tratantes de mujeres, abunda en evidencias que se recolectaron a partir de la investigación de una red de trata de mujeres: en una escucha telefónica, el dueño de un prostíbulo le preguntó a un comisario mayor la forma de “arreglar para vender cocaína”; mediante un mensaje de texto. La persona señalada para “arreglar” era Tognoli.
Actualmente, en los juzgados federales de Rosario tramitan al menos unas 30 causas por trata de mujeres con fines de explotación sexual y se multiplicaron por ocho los casos que llegaron a la Justicia en el último año. En Rosario, la trata es tan evidente que a veces el ojo se acostumbra. Camuflados como bares, crecen en las cercanías de la terminal y avanzan hacia el centro los reductos en donde se esclavizan y someten a mujeres de diversas edades y nacionalidades. “Las redes de trata de personas son las mismas que las de la droga y en ellas, la policía juega un papel importante”, remarcan desde Ammar. La misma denuncia que en su momento, a Sandra Cabrera le costó la vida.
María Eugenia Schmuck, concejala de la UCR quien recientemente pidió la declaración de emergencia por violencia de género, no titubeó en asegurar que “existe complicidad entre las redes del narcotráfico y las de explotación de mujeres”. “Las redes de trata se extienden por todo el país y Rosario no está al margen”. “Cada operativo que realiza la Dirección de Trata de la Provincia así lo confirma. Todos sabemos que cabarets y whiskerías son prostíbulos encubiertos y el Estado no puede hacerse el distraído o mirar para otro lado”, insistió.
“La lucha contra la trata implica también romper con la cosificación de la mujer y dejar de concebir que es necesario que exista una alternadora o bailarina para incentivar el consumo de bebidas dentro de un local, una aberración que habilita la legislación actual y debe ser modificada”, añadió.
En ese sentido, la jueza Laura Cosidoy, integrante de la Cámara Federal de Rosario, aseguró ante los medios que “existe una guerra por el territorio y el poder entre uniformados”. Mientras se despliega la crisis institucional en Santa Fe por los fuertes vínculos entre el narcotráfico y la Policía, la magistrada recordó una vez más que ya hizo muchas denuncias para que se investigue la supuesta relación entre narcos y policías, aunque aseguró que “todo sigue igual”. “Nunca hubo una relación tan abierta entre narcos y policías”, aclaró como si hiciese falta.
En mayo pasado se anunció que el área de persecución al tráfico de drogas, así como la de los delitos de trata de personas y el mando de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE), quedaban bajo la órbita del Ministerio de Seguridad. Leandro Corti, ministro por ese entonces, encomendó como primer operativo un objetivo en el departamento General López. Más allá de la bambolla mediática, el resultado fue el mismo: el acta del procedimiento de detención no podía comprobar que llevaban droga. El operativo mal realizado dio sus frutos y los dos principales detenidos recuperaron la libertad.
Otro caso que devela la impunidad es el de la mujer denominada Carolina Z., la joven que realizó 30 denuncias por violencia doméstica y no tuvo respuestas. “¿Qué mensaje les está dando entonces el Estado a mujeres que están en la situación de Carolina, si hizo 30 denuncias y para que la policía finalmente interviniera ella tuvo que terminar hospitalizada?”, se preguntó Schmuck. Desde la multisectorial de mujeres de Rosario afirman que, en estos últimos meses, se está registrando un “importante incremento de los casos de femicidio y otras manifestaciones de la violencia de género que reclaman una respuesta inmediata de las organizaciones sociales, sindicatos, movimiento de mujeres”. De acuerdo a estadísticas nacionales, la provincia de Santa Fe es el segundo distrito con más casos de asesinatos de mujeres en función de su género en los últimos años.
Miguel Espinosa, sargento retirado y padre de una ex estudiante de la escuela de cadetes de policía de Rosario actualmente dirigida por Raúl Morán contó a la prensa que a su hija, “la obligaban a practicar sexo oral, llegaban borrachos y las hacían bailar, les pegaban”. “Los abusos fueron contra varias alumnas. Agarraban a las chicas y de prepo las sometían, las tomaban de los pelos”, agregó para seguir describiendo el horror. Curiosamente, quedan fuera de carrera más mujeres que hombres. Y, según Espinosa, entre esas ex alumnas figuran chicas que se negaron a mantener relaciones sexuales con sus superiores.
Sin embargo, como suele suceder, se busca correr el eje de la cuestión y se convierte a la víctima en victimaria. El mismo vicegobernador Jorge Henn, deslizó que le llamaba “la atención” el tono mediático de la denuncia y que no se indicara “a nadie en particular”. A Henn, parecen preocuparle más las portadas de los diarios que las graves denuncias y parece además desconocer el significado del miedo: Lo que significa para un civil señalar con nombre y apellido a un policía.
En tanto, el ministro de Seguridad, Raúl Lamberto, había asegurado que “esto se va a investigar. No voy a tolerar que haya abuso, pero tampoco que se quiera afectar al Isep, que intenta formar otro tipo de fuerzas policiales”. Hasta ahora, no hubo resultados en torno a esa promesa.
Las rencillas del poder generaron que desde distintos arcos políticos, todos quieran salir a opinar aunque pocos propongan soluciones. El ex gobernador Jorge Obeid cargó duro contra el socialismo y no demoró en recibir respuestas: “Nunca pudo explicar los 117 muertos en su último año de gestión en la ciudad de Santa Fe. Nunca pudo explicar por qué cambió a tres jefes de Drogas. Nunca pudo explicar que, por más que hizo purgas, la Policía siguió con los problemas estructurales que hoy tiene. Creo que, en gran parte, él es responsable de lo que le ha pasado a esta Policía”, declaró Lamberto.
Por si algo faltase, la acusación del camporista Andrés Larroque hablando de “narcosocialismo”, politizó más aún el panorama donde la solución para frenar la trata, los abusos y el narcotráfico, sigue quedando demasiado lejos.
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