Sin mayor autocrítica durante su gestión en relación a esa sensible área, donde tuvo que renegociar deudas a cambio de obras, Julio Cobos consideró que las empresas de agua y luz en Mendoza están colapsadas por falta de inversión.
El ex vicepresidente fue consultado por MDZ a raíz de la situación vivida esta Navidad con 45 mil mendocinos sin luz y cortes de agua en varios barrios del Gran Mendoza, en medio de una jornada insoportable marcada por el viento Zonda.
«A nivel provincial y nacional, no se ha invertido en nuevas obras o en la mejora del mantenimiento», definió el ingeniero y sostuvo a continuación que tanto el sistema de aguas como el eléctrico están «colapsados».
Para Cobos, los entes reguladores -como el EPRE y el EPAS- tienen un rol significativo, ya que «son responsables de verificar el cumplimiento del contrato». Así, pareció recargar las tintas sobre la labor de los organismos de contralor de las empresas de servicios, que ayer fueron defendidas por el ministro de Infraestructura, Rolando Baldasso.
Durante su gestión, Cobos renegoció en dos oportunidades la deuda que había acumulado la entonces prestataria del servicio de agua, Obras Sanitarias SA, a cargo de la francesa Saur Internacional, asociada en ese momento con el Grupo Vila-Manzano. El Gobierno de Mendoza le condonó la deuda primero en 2005 y luego en 2007 a cambio de inversión en obras que debían hacerse en distintos puntos de la provincia. En el primer caso, Obras Sanitarias tenía que invertir más de 7 millones de pesos y en el segundo caso más de 9 millones. No obstante, los controles del EPAS hicieron saber que la empresa privada no había cumplido con el acta de entendimiento y que se invirtió mucho menos.
El ingeniero recordó que ese acta de reconocimiento sirvió luego para iniciar la demanda contra la prestataria por incumplimiento de contrato ante el tribunal internacional del Ciadi.
En el caso del servicio eléctrico, Cobos sostuvo que los radicales recibieron, luego de varios años de gobierno justicialista, un sistema concesionado «y sabíamos que teníamos una crisis. Tuvimos que renegociar y se llegó a un acuerdo con un primer ajuste de tarifas».
Así, el ex vicepresidente -que podría ser candidato a diputado nacional por el radicalismo mendocino en las próximas elecciones legislativas- destacó que en el caso de la estatizada Aysam, lo que se necesita es mayor inversión, y más seguimiento en el contrato de las concesionarias del servicio eléctrico.
Sin embargo, a la hora de la autocrítica, el ex vicegobernador recalcó que tras el gobierno de Lafalla «hubo que renegociar todo». De hecho, también apuntó uno de las gestiones más cuestionadas, la del transporte público, donde se compraron nuevas unidade y se implementó el subsidio por kilómetro recorrido.
Pero entre las medidas más polémicas, y que Cobos al menos no precisó en este caso, figuró la quita de la concesión al grupo Corsino. Este mismo año, precisamente, la Suprema Corte de Justicia declaró ilegal aquella operación a partir de una demanda del grupo liderado por el empresario Emilio Corsino, anulando así el decreto firmado por Cobos. Este fallo judicial conlleva una deuda millonaria para la Provincia.
Sin embargo, Cobos graficó que aquel sistema de transporte público representaba «una incertidumbre» para los usuarios, por lo que «invertimos en micros para dar una señal de mejoramiento en un sistema obsoleto».