Los fiscales solicitaron que el juez sea incorporado a la megacausa penal de las expropiaciones.
Por Walter Rios – Diario De Cuyo
Los acusadores descargaron toda la artillería pesada contra el juez Carlos Macchi durante los alegatos en el Jury de Enjuiciamiento. Tanto el fiscal General subrogante, José Mallea, como el fiscal de Estado, Guillermo De Sanctis, pidieron su destitución bajo duras causales y solicitaron que una vez que sea separado de su cargo, lo investigue la Justicia penal en la megacausa de las expropiaciones. En ese expediente, hay 10 procesados bajo la presunción de que conformaron una asociación ilícita que se dedicaba a inflar el valor de los terrenos que el Estado expropiaba para beneficiar al organizador de la maniobra, el abogado Santiago Graffigna. Justamente, los planteos contra el magistrado se basaron en que cometió graves irregularidades en 5 juicios de expropiaciones, que le terminaron costando millones de pesos a la provincia.
Pero además, los fiscales apuntaron contra otros actores que participaron en dichas causas (como peritos, testigos y empleados públicos) y pidieron que también estén bajo la lupa del fueron penal.
En el Jury, el primero en alegar fue Mallea, quien le endilgó al magistrado las causales de mala conducta, falta de cumplimiento de los deberes a su cargo y el hecho de cometer delitos en el ejercicio de sus funciones. Dentro de este último punto, consideró que, de mínima, incurrió en el incumplimiento de los deberes de funcionario público. Y además, le agregó la causal de desconocimiento reiterado y notorio del derecho. Por su parte, De Sanctis compartió los 2 primeros cargos que efectuó su colega (ver Los argumentos).
Ambos aseguraron que hubo concurrencia de intereses para que la provincia pagara 1.607 millones de pesos por 5 expedientes: “Ruiz, Guillermo”, “Anes, Ramón”, Parque de Mayo, Canal Benavídez y la causa “Herrería”. De Sanctis habló de la “malísima” o “maligna Trinidad”, al referirse a una triple connivencia entre Graffigna, el exfiscal de Estado Mario Díaz y Macchi. Al primero lo definió como el “abogado vivo que armó los juicios” y al segundo como “el zonzo, que miró para otro lado”. Es que este último tenía la función de velar por el patrimonio público y está procesado por incumplir con sus deberes. En cuanto al juez, lo señaló como el máximo responsable. Mallea también coincidió con este esquema y destacó que la gestión de Díaz en Fiscalía de Estado era una especie de “Locademia de Policía”, donde nadie controlaba nada.
Los fiscales también pidieron que sean investigados, en primer lugar, los empleados de Fiscalía de Estado que tuvieron alguna vinculación en las causas sospechadas. En segundo término, los 3 peritos de Graffigna (Fernando Videla, Víctor Bustos y Juan Pablo Quiroga), por tasar rubros falsos, como muros, veredas y casas. Tercero, a los suegros de Graffigna (Juan Palana y Elsie Zavalla), por acreditar rubros que no existían. Además, solicitaron que la Corte de Justicia inicie un sumario contra la secretaria de Macchi, Verónica Capriotti, quien no se apartó en la causa Canal Benavídez, en la que su padre era 1 de los propietarios de los 3 terrenos.