La compañía española recibiría 5.000 millones de dólares en deuda pública garantizada argentina
La expropiación de YPF a Repsol parece que dejará de inmediato de ser un problema para Argentina y España. Ambos países alcanzaron ayer un «principio de acuerdo» en Buenos Aires por la expropiación de la mayoría de las acciones a Repsol en la petrolera YPF en abril del 2012. El mismo, según comunicado de Repsol, será «puesto a consideración de su consejo de administración, que deberá pronunciarse sobre sus términos y condiciones», mañana miércoles.
El ministro de Industria, José Manuel Soria, realizó un viaje relámpago a Buenos Aires en compañía de los hombres clave de la empresa: Isidro Fainé (Caixa que tiene el 12 por ciento), Nemesio Fernández Cuesta, director general de Negocios y Luis Cabra, director general de la compañía. Los cuatro mantuvieron entrevistas a varias bandas con Axel Kicillof, flamante ministro de Economía y artífice de la intervención y posterior expropiación de la compañía; Carlos Zannini, secretario Legal y Técnico y virtual presidente de Argentina en la sombra durante la convalecencia de Cristina Fernández; Jorge Capitanich, recién nombrado jefe de Gabinete; el actual Ceo de Ypf, Miguel Galuccio y el embajador de Argentina en España, Carlos Bettini. El resultado de las conversaciones, fue el «principio de acuerdo» confirmado ayer por ambos Gobiernos así como por el mexicano. En representación de éste estuvo Emilio Lozaya, director general de Pemex.
Fuentes próximas a la mesa de negociación, confiaron que el principal escollo de está definitiva ronda negociadora giraba en torno a la compensación económica en efectivo o en bonos del Estado que recibirá la compañía como parte de un acuerdo más complejo que tendría, entre otros puntos, el abordaje indirecto de Vaca Muerta, el mayor yacimiento de YPF donde Pemex tiene extraordinario interés. Los detalles de la compensación por el 51 por ciento de la expropiación de las acciones de YPF a Repsol, al cierre de esta edición, seguían siendo un misterio, aunque algunas fuentes apuntan a que Repsol habría conseguido unos 5.000 millones de dólares en deuda pública garantizada argentina.
Pero el comunicado oficial que suscribían los países advertía que el principio de acuerdo «implicará fijar el monto de la compensación y su pago con activos líquidos y que ambas partes desistirán de las acciones legales en curso». El compromiso claro es que Repsol renunciaría a continuar con las acciones legales que había interpuesto y que tendrían una resolución definitiva –previsiblemente contra Argentina- en el tribunal de arbitraje del Ciadi (Centro Internacional de Diferencias Relativas a Inversiones) que depende del Banco Mundial. «Las partes coinciden en que el presente principio de acuerdo contribuye a normalizar y fortalecer los históricos vínculos entre los tres países y su empresas», termina el comunicado.
De ser aprobado, como es de esperar, el acuerdo en Madrid, se pondría punto y final al mayor problema bilateral que arrastran Argentina y España. Repsol, en su demanda original, reclama ocho mil millones de euros. En este escenario resulta paradójico que la misma persona que diseño y virtualmente ejecuto la intervención y expropiación de YPF a Repsol, sea ahora el actual ministro de Economía.
Axel Kicillof fue el artífice de aquella decisión que llevó implícita la expulsión de las oficinas, por las fuerzas del orden, de la sede de YPF en Buenos Aires de la cúpula de la empresa. El mal trato a los ejecutivos españoles que, en un abrir y cerrar de ojos, fueron traslados a Montevídeo, fue público. Kicillof se refirió a los españoles como «ladrones», «saqueadores» y hasta llegó a recordar y comparar la conquista de América con su gestión en YPF. La presidenta de Argentina, por su parte, hizo el anunció con alusiones y mensajes despectivos a España. En esta historia la intervención del Gobierno quedo en evidencia. Soria acudió a Buenos Aires, en otro viaje relámpago. En la capital argentina llegaron a un acuerdo con Kicillof y el ministro de Planificación, Julio De Vido, en el que ambos países se comprometían a crear sendas comisiones para presentar los respectivos informes. Una vez con estos, se analizaría la decisión a adoptar.
El compromiso del Gobierno argentino de no intervenir ni expropiar YPF a Repsol hasta disponer de esos informes se convirtió en pocos días en papel mojado. Sin previo aviso al Gobierno español Cristina Fernández de Kirchner ordenó la intervención física de la sede de YPF, la expulsión de sus directivos y anunció el proyecto de expropiación redactado por Axel Kicillof. El Congreso y el Senado lo aprobarían semanas más tarde.