La obsesión del kirchnerismo por controlar los medios de comunicación continúa.
Este viernes 24/10 los diputados del Frente para la Victoria, Remo Carlotto y Diana Conti, que esta semana protagonizó un escándalo en el Congreso (ver nota relacionada) presentaron un proyecto de ley en la cual le otorgan al INADI la atribución para clausurar por 30 días a los medios de comunicación digitales«que admiten que los usuarios publiquen contenidos, opiniones o dejen mensajes en sus respectivos dominios» de carácter racista o xenófobo.
El proyecto de ley se denomina “Actos discriminatorios e instrumentos de Derechos Humanos. Promoción de la no discriminación en Internet”
. El objeto del proyecto, según los fundamentos es «propiciar la diversidad, el pluralismo y el respeto por la dignidad y privacidad de las personas en internet, evitando la difusión de mensajes con contenido discriminador a través de plataformas de contenidos producidos por los usuarios, en el marco del estricto respeto por la libertad de expresión».
Sanciones a los medios digitales
Las sanciones para los medios en cuyas páginas los usuarios hayan emitido expresiones discriminatorias, van desde un apercibimiento o multas de entre 5 y 20 salarios mínimos hasta la “clausura del establecimiento o suspensión del servicio afectado por un plazo de hasta 30 días”.
La medida podría llegar a “la pérdida de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales de que gozare”.
De acuerdo con el proyecto de ley publicado en la web de la Cámara de Diputados, «será considerado contenido discriminador aquellos mensajes publicados en las plataformas de contenidos producidos por los usuarios que menoscaben o insulten a las personas por su condición étnica, de color, de nacionalidad, religión, género, identidad de género o su expresión, orientación sexual, edad, estado civil, trabajo u ocupación, caracteres físicos, capacidad psicofísica, condición de salud, perfil genético o pobreza».
¿A quiénes afectaría o multarían?
Las medidas se podrían aplicar a «páginas, blogs, redes sociales, agencia de noticias, medios de prensa, diarios on line, revistas electrónicas y otros sitios de internet que admiten que los usuarios publiquen contenidos, opiniones o dejen mensajes en sus respectivos dominios», según el texto.
El proyecto posee claridad en algunas cuestiones, ya que no aclara que pasaría si las agresiones surgen en sitios radicados en otros países, o con medios nacionales que tienen los servidores en el exterior. Tampoco se aclara que pasaría con un comentario que es borrado pero permanece en el caché de los buscadores.