La petrolera estadounidense Chevron condicionó la firma del acuerdo con YPF para invertir en el yacimiento Vaca Muerta a la reforma de leyes federales y provinciales, y a la aprobación de nuevas normas. Y esas modificaciones debían resultar de su «entera satisfacción» para que comenzara a traer capitales a la Argentina, según consta en documentos que firmaron las petroleras cuyas copias obtuvo el diario La Nación.Los planteos de Chevron resultaron efectivos: las «condiciones suspensivas» o «precedentes» que delineó en las negociaciones con YPF terminaron incorporadas en un decreto y en una ley neuquina, en un decreto presidencial y en la flamante ley de hidrocarburos que aprobó el Congreso con el objetivo de alcanzar la soberanía energética. Pero fuentes de la empresa señalaron que las normativas no generan derechos exclusivos para Chevron, sino que crean el marco necesario para estas y futuras inversiones en exploración petrolera.
Las condiciones de Chevron, vertidas en documentos identificados como «estrictamente confidenciales», se centran en el tiempo y las características para las concesiones, los topes máximos a las regalías que podrían cobrarle las provincias y una estabilidad tributaria absoluta para la petrolera y sus subsidiarias.
Chevron también exigió una garantía de que podrá enviar dividendos al exterior, así como fijar la jurisdicción extranjera para dirimir cualquier disputa con YPF, en la que el Estado argentino controla el 51 por ciento, pero es por ley una sociedad anónima.
Además, el acuerdo estableció una serie de garantías amplias que debía asumir la petrolera argentina ante posibles reclamos de terceros.
Los términos de la negociación surgen de tres documentos, redactados en inglés y categorizados «estrictamente confidenciales», que ambas petroleras firmaron a mediados de 2013. Son los identificados como «Carta Acuerdo», «Garantía» y «Términos y Condiciones del Proyecto de Inversión para Exploración». Un cuarto documento, el más sensible y relevante de todos -«Acuerdo de Inversión para Proyecto»- continúa bajo llave.
Altos ejecutivos de YPF admitieron la autenticidad de esos documentos. Pero la interpretación oficial desde la petrolera sobre todo el proceso de negociación, acuerdo y operación con el gigante norteamericano es distinta: «Chevron no tiene ninguna garantía: corre el ciento por ciento del riesgo petrolero y reclama las condiciones habituales de la inversión petrolera en el mundo». Los voceros de Chevron indicaron desde Estados Unidos que no harían comentarios.
Ante una presentación judicial de legisladores de la oposición que pretendían conocer el detalle de esos documentos, el presidente de YPF, Miguel Galuccio, defendió repetidas veces su carácter confidencial. En agosto de 2013 afirmó que no había «cláusulas secretas» en el acuerdo con Chevron, sino «condiciones de confidencialidad y privacidad destinadas a proteger las inversiones de dos empresas que cotizan en la Bolsa de Nueva York».
En rigor, esas mismas cláusulas de confidencialidad son comunes en los contratos de otras petroleras públicas o mixtas de la región, como Petrobras o Pemex. Por eso, desde YPF reafirmaron el principio de confidencialidad ante la solicitud del diario La Nación para acceder al «Acuerdo de Proyecto de Inversión».
A cambio de las reformas legislativas que planteó Chevron, la petrolera norteamericana se comprometió a invertir US$ 1240 millones en la formación Vaca Muerta, la mayor reserva de hidrocarburos del país y considerada una de las más relevantes del planeta. Y acordó desarrollar un posible programa adicional de exploración en otros 26 pozos por US$ 360 millones.
Muchas de las condiciones que había delineado Chevron en los documentos del 16 de abril de 2013 se plasmaron primero en el decreto 1208/13 y luego en la ley 2687 de la provincia de Neuquén; después en el decreto 292/2013 -que creó el Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos-, que firmó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y, por último, terminaron en la ley 27.007 de hidrocarburos, que el Congreso aprobó el 30 de octubre.
Conocida como la «ley Galuccio» porque el presidente de YPF se convirtió en su impulsor más férreo, la norma se defendió desde el oficialismo como una herramienta clave para que la Argentina alcance su «soberanía energética».
El propio Galuccio confirmó la existencia de las condiciones planteadas por Chevron en un comunicado que envió a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Pero las calificó de «determinadas condiciones precedentes» -con una traducción literal del documento en inglés- y sólo detalló una: que Neuquén debía otorgar una nueva concesión sobre el área «con un plazo de explotación de 35 años».
Entre otras, esas «condiciones suspensivas» o «precedentes» eran:
> «El plazo para la o las concesiones y la cesión del título sobre los activos a Cofel [por Chevron Overseas Finance II (Exploration) Limited] se regirán por términos y condiciones que resultan aceptables para Cofel [Chevron], lo que, entre otras cosas, puede requerir la realización de modificaciones a la legislación existente o la promulgación de nuevas leyes dentro del marco regulatorio federal y provincial»