Durante el primer día en vigor del Estado de Excepción decretado por el presidente Nicolás Maduro en cinco municipios del estado de Táchira, fronterizos con Colombia, las operaciones de las fuerzas policiales y militares venezolanas se concentraron en la población de San Antonio del Táchira, donde el pasado miércoles presuntos paramilitares colombianos atacaron e hirieron a tres suboficiales del Ejército venezolano.
Cerca de 2.400 agentes de seguridad y militares tomaron el sector La Invasión de la localidad, un barrio de chabolas con calles de tierra que la noche anterior el propio Maduro había denunciado como un asentamiento informal de contrabandistas. La redada se saldó con la captura de ocho personas con supuestos vínculos con el paramilitarismo, y la deportación de 185 ciudadanos colombianos que se encontraban en el país de manera irregular. A estos últimos se les remitió en cuatro autobuses a la cercana ciudad de Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander (Colombia).
No obstante, las autoridades venezolanos todavía no reportan la detención de los perpetradores del ataque del miércoles, dos hombres en moto que portaban armas largas. El incidente detonó el cierre de la frontera, inicialmente por 72 horas pero luego prolongado por Maduro de forma indefinida, y la suspensión de garantías constitucionales.
Mientras se conocían los rigores del peinado de la zona por parte de fuerzas policiales y militares venezolanas, el gobernador del estado de Táchira, José Gregorio Vielma Mora, un ex capitán del Ejército y ficha del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), intentaba ponerle un rostro amable a la situación. Si ya durante la madrugada del sábado, frente a las cámaras de televisión, permitía el paso hacia Venezuela de una pareja en carro, en la que la mujer estaba en trabajo de parto, a lo largo de la jornada presidió los desplazamientos de los buses con insignias de la Cruz Roja que iniciaron el recorrido del “Corredor Humanitario” que permitirá trasladar enfermos de uno a otro lado. El primer servicio del día llevó a 40 diabéticos de la población de Ureña, en Venezuela, a realizar sus correspondientes sesiones de diálisis en Colombia.
También se anunció que a partir del lunes se otorgarán salvoconductos a estudiantes que necesiten atravesar la frontera para atender sus cursos, y a inversionistas colombianos que tienen empresas en el lado venezolano.
Vielma Mora fue nombrado por Maduro como Jefe de la zona donde rige el Estado de Excepción, que incluye a los municipios Bolívar, Junín, Ureña, Capacho Libertador y Capacho Independencia del estado Táchira. El Gobernador se reunió durante el día con los alcaldes de las cinco circunscripciones, representantes todos de partidos de oposición al régimen chavista. Frente a los alcaldes, como ya lo había hecho con los periodistas de la región, Vielma desplegó un galimatías según el cual si bien rige un Estado de Excepción, las garantías constitucionales no se encuentran suspendidas.
Se trata en cualquier caso de los primeros tanteos para gestionar una situación nueva y casi sobrevenida, que pone un cepo a una de las fronteras binacionales más dinámicas de América del Sur. Aunque los inconvenientes diarios serán muchos, no se espera que la situación cambie pronto. Este sábado, en un acto celebrado en el estado de Anzoátegui (noreste de Venezuela), el presidente Nicolás Maduro adelantó que no cree probable que se retracte de las medidas adoptadas en la zona fronteriza.
“Yo no voy a abrir esa frontera hasta tanto no se restablezca la paz y dejen el ataque desde Colombia contra nuestra economía», juró.
El miércoles debe producirse un encuentro, con toda probabilidad en Bogotá, entre las cancilleres Delcy Rodríguez, de Venezuela, y María Ángel Holguín, de Colombia. Se espera que en la reunión ambas funcionarias exploren mecanismos concretos que permitan solventar la situación en la frontera.
Este sábado, sin embargo, el presidente colombiano Juan Manuel Santos dio a conocer su disposición a conversar antes con su homólogo venezolano, con la finalidad de buscar una solución a la crisis.
fuente EL PAÍS