La fuga escandalosa de los condenados por el triple crimen de General Rodríguez es el colofón de una trama mucho más escabrosa, en la que quedan expuestas conexiones entre el narcotráfico y la política.
El cóctel explosivo pegó de lleno en el kirchnerismo cuando estaba en el poder, en una guerra de acusaciones pesadas: uno de los condenados -ahora prófugo- acusó al entonces jefe de Gabinete (Aníbal Fernández) de ser el autor intelectual de la masacre; uno de los asesinados (Sebastian Forza) figura como contribuyente de la campaña kirchnerista de 2007, junto a otras droguerías que no pueden justificar el origen de esos fondos; y por el boom ilícito de la efedrina, botín de oro para los carteles mexicanos, el secretario de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico (José Granero) y otros funcionarios resultaron procesados.
La intriga comenzó a develarse hace poco más de siete años. El 13 de agosto de 2008 aparecieron acribillados en un zanjón, en General Rodríguez, Sebastián Forza, Leopoldo Bina y Damián Ferrón, tres intrépidos jóvenes involucrados en el negocio farmacéutico. «Fue un crimen mafioso», calificó enseguida Daniel Scioli, desde hacía menos de un año al frente de la gobernación bonaerense.
El asesinato había impactado fuerte dentro del Gobierno. Poco tardó en conocerse una primera ligazón política: Seacamp, de Forza, figuraba en la lista de contribuyentes de la campaña del Frente para la Victoria por un monto de 200.000 pesos. No era una participación aislada. Una veintena de laboratorios integraban esa nómina y sus desembolsos representaron el 36% de los 10 millones de pesos declarados.
Así, la recaudación K, en manos del entonces superintendente de Salud, Héctor Capaccioli, quedó bajo la lupa. El funcionario debió dejar su cargo y, entonces, pasó a refugiarse en el canal del juego Gambling TV.
De a poco se supo que había donaciones irregulares diseñadas para justificar fondos. Gabriel Brito, dueño de Global Farmacy y acusado en la denominada «mafia de los medicamentos», sostuvo que el Frente para la Victoria usó cuatro cheques que él le había entregado a Néstor Lorenzo, de Droguería San Javier, para hacerlos figurar como contribuciones para el kirchnerismo. Aseguró que lo obligaron a firmar, ante escribano, que era un aporte «voluntario». Lorenzo, mayorista en el rubro, está a la espera del juicio oral sospechado de integrar una asociación ilícita que suministraba remedios «truchos» a pacientes de obras sociales, causa en la que también está acusado el sindicalista Juan José Zanola, de la Asociación Bancaria.
El laberinto judicial
En la Justicia se abrieron distintos expedientes para investigar el crimen en sí, la financiación electoral que llevó al poder a Cristina Kirchner y los alcances de una red ilegal de comercialización de medicamentos.
Sólo en la pesquisa sobre la masacre se llegó a un veredicto. En diciembre de 2012, fueron condenados como coautores materiales los hermanos Martín y Cristian Lanatta, y Víctor y Marcelo Schillaci. Fue sindicado como autor intelectual Esteban Pérez Corradi, que está prófugo desde hace años. Para la Justicia, las tres víctimas querían copar el negocio del tráfico de efedrina y eso habría sellado su sentencia de muerte.
Efedrina es la palabra clave para entender la saga. El precursor químico, que tiene uso medicinal, es codiciado por carteles mexicanos para la producción de metanfetaminas. En México está prohibida su importación y por eso se volvió tentador contrabandearla desde la Argentina.
En el país, entre 2004 y 2008 se importaron 40.975 kilos de efedrina con el permiso de la Sedronar, que luego se desviaron al narcotráfico. Así lo consignó la jueza María Servini de Cubría al procesar como «partícipe en el tráfico» a quien había sido titular de esa oficina, José Granero, un santacruceño cercano a los Kirchner. En ese expediente también están salpicados los cuatro hermanos Zacarías, que fueron colaboradores del matrimonio en distintos puestos y funciones.
Granero siempre se llevó mal con Aníbal Fernández y, de hecho, en su defensa sostuvo que el descontrol durante ese tiempo estuvo relacionado con la falta de cooperación de las fuerzas federales que él conducía como ministro del Interior.
En esa misma causa, en agosto, Martín Lanatta ratificó el testimonio que había dado en el programa Periodismo para todos. El condenado a prisión perpetua, prófugo desde anteayer, acusó a Aníbal Fernández de haber instigado la masacre y adujo que el motivo era supuestamente que los tres jóvenes pretendían arrebatarle el negocio de la efedrina. Eso, que deberá ser probado, tuvo un resultado concreto: el fuego cruzado dentro del peronismo y el escándalo mediático ayudaron a la histórica derrota del PJ en la provincia de Buenos Aires.
fuente LA NACIÓN