La fachada sigue allí, intacta, como enorme e inamovible recuerdo de la etapa más trágica y sangrienta de la historia argentina reciente. Pero dentro del predio de la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), y con el aval del presidente Mauricio Macri, ya se trabaja en cambios puntuales y concretos.
No sólo se trata sólo de «adueñarse» del edificio, en el que desde hace veinte días se instaló la Secretaría de Derechos Humanos de la nueva gestión, sino también de producir modificaciones de fondo que algunos, con osadía, denominan la «deskirchnerización» de los derechos humanos, más allá de las rejas y las pintadas que separan la veintena de edificios que esconden en sus paredes las páginas oscuras de la violencia de los años setenta, del tránsito de la Avenida Del Libertador.
«El mismo 10 de diciembre comenzamos a instalarnos acá, porque creemos que es un espacio que debemos hacer crecer y desarrollar», explica el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, mientras una veintena de colaboradores trae sus pertenencias a la plaza de Armas, donde funcionaba el comedor de la ESMA, y llegan los muebles de la vieja sede de la secretaría, en pleno microcentro porteño.
El 6 de diciembre, cuatro días antes de dejar el poder, Cristina Kirchner anunció la inauguración de la nueva sede de la secretaría, detrás del edificio principal de la ESMA. Avruj acordó con el ministro de Justicia, Germán Garavano, y con el propio Presidente, comenzar a trabajar allí, en consonancia con los organismos de derechos humanos -muchos de ellos de indudable cercanía al gobierno saliente-, pero desde otra perspectiva.
«Más allá de la interpretación kirchnerista de los derechos humanos, buena parte de la cual la sociedad ya incorporó, queremos convertir a la ESMA en un verdadero campus de derechos humanos, y trabajar una agenda amplia en relación a esos derechos. Hay que democratizar el lugar en su relación con la gente», agrega Avruj, que combina una política de diálogo con los organismos con la visión que Macri busca imprimir en su gestión.
¿En qué consisten esos cambios? Al margen de la continuidad del trabajo de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, H.I.J.O.S. y otras organizaciones a las que el kirchnerismo les asignó un predio especial, el Gobierno ya invitó a otras organizaciones (Unicef, la ONU, el propio Inadi) a que muden sus oficinas a la ex ESMA, al igual que las asociaciones que defienden el derecho a la diversidad sexual. Incorporó bajo su órbita al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Están planeadas cátedras en convenio con universidades estatales y privadas, y otras actividades relacionadas con la memoria en espacio desaprovechados del predio, como los asignados a la Universidad de Buenos Aires.
Diálogo con todos
¿Cuál fue la reacción de los organismos, que integran el Ente Espacio para la Memora junto a la Nación y el gobierno porteño? Fuentes de la secretaría destacan el «espíritu de diálogo» de Estela de Carlotto, con quien Avruj ya se reunió tres veces en los últimos días. Y la contrastan con la «cero onda» de Hebe de Bonafini, quien calificó a Macri de «dictador» y convocó a la «resistencia» en su contra, desde horas después de haber asumido.
«Al margen de la buena o mala onda, hay que entender que la mayoría está haciendo un verdadero duelo: ninguno de ellos pensó que Daniel Scioli podía perder las elecciones», reflexionó en voz alta un joven funcionario.
De las entidades que trabajan en el predio, el Gobierno ya decidió sostener en sus puestos a Alejandra Naftal, a cargo del denominado Sitio de la Memoria, y a Claudia Carlotto (hija de Estela), al frente de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), por el «trabajo profesional» que ambas desarrollan. No sería la misma situación la del intelectual Eduardo Jozami, a cargo del Centro Haroldo Conti y vinculado con Carta Abierta, y al ex diputado camporista Horacio Pietragalla, nombrado por Cristina Kirchner el 6 del mes pasado al frente del Archivo Nacional de la Memoria. En Cambiemos aseguran que Martín Fresneda, el anterior secretario de Derechos Humanos, se «portó bien», y que todos sus funcionarios políticos renunciaron y se fueron con él.
¿Y los más de 1200 empleados, si se cuenta la totalidad de los organismos? «Los que trabajan van a seguir», afirmó el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, hace unos días, una máxima que también se aplicará en estos casos. Los contratos se renovaron, pero se revisarán, puntualizan desde la secretaría.
Avruj repite que la intención del Presidente es «trabajar con los organismos» y que los juicios por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura «no tienen retroceso». Entiende el rechazo visceral que Macri despierta en el núcelo duro de las organizaciones kirchneristas, pero insiste, debajo de un cuadro con la imagen de San Martín y siguiendo los esloganes de campaña de Cambiemos, que «los derechos humanos tienen que ayudarnos a unir a los argentinos».
fuente LA NACIÓN