Los gremios con representación legislativa se declararon ayer en estado de alerta y movilización y anticiparon que analizarán llevar adelante un plan de lucha contra la decisión de la vicepresidenta Gabriela Michetti, que cortó de cuajo con más de 2000 nombramientos en planta permanente firmados por Amado Boudou en su último año al frente del Senado.
La medida, adoptada con un Senado desierto y casi cerrado por el período de vacaciones, tomó por sorpresa a la Asociación del Personal Legislativo (APL), ATE y UPCN, que estaban al tanto de los rumores que circulaban desde la semana pasada en la Cámara alta y que pretendían tomar contacto con Michetti y su secretario administrativo, Helio Rebot, para aclarar la situación.
Norberto Di Próspero, secretario general de APL, el gremio con mayor cantidad de afiliados en el Congreso, calificó como «una barbaridad» la medida y anticipó a LA NACION que la combatirán en todos los frentes posibles.
«Nosotros entendemos que está fuera del margen de la ley 24.600 (estatuto del empleado legislativo) y vamos a responder administrativamente, en la Justicia y con las medidas gremiales que corresponda», advirtió Di Próspero. «Si van a usar la política de la confrontación, ésa será la política que usaremos para defendernos», agregó.
Por su parte, Claudio Britos, secretario general de ATE Congreso, ratificó el «estado de alerta y movilización» en que se encuentra el gremio desde que el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó (Pro), intentó, en diciembre, dar de baja los contratos de planta transitoria.
«Nosotros nos oponemos drásticamente a una medida que fue tomada a la ligera y que no toma en consideración a los empleados de la casa», sumó su rechazo Martín Roig, secretario general de UPCN Congreso, en diálogo con LA NACION.
Tras la primera conmoción, representantes de los tres sindicatos acordaron reunirse hoy para planificar una respuesta a la decisión de Michetti.
«Es una aberración lo que hicieron, con los compañeros de vacaciones», se quejó Britos ante la consulta de LA NACION. En ese sentido, el sindicalista del principal gremio de trabajadores estatales denunció la medida por inconsulta. «Empezaron con el pie izquierdo, porque hablan de consenso y diálogo, pero a nosotros no nos han consultado nada», afirmó.
Por su parte, Roig aseguró que los nombramientos firmados por Boudou «fueron decididos por todos los gremios» y rechazó que se trate de «ñoquis». «Estamos convencidos de que todos trabajan, porque nosotros representamos a trabajadores», sentenció.
Por último, Di Próspero le reclamó a Michetti que hablé con claridad. «Que dejen de confundir a la opinión pública pretendiendo disfrazar dos mil despidos diciendo que son ñoquis; si hay una política de Estado de ajuste porque no les cierra el modelo, que lo digan», sentenció el dirigente sindical.
fuente LA NACIÓN