Ganadores y perdedores, todos los candidatos desembolsaron millones y millones para dar la pelea electoral en 2015. Las batallas se dieron con estrategias en Facebook, afiches callejeros, estadios repletos y estudios de opinión pública. Pasaron tres meses desde el desenlace de las elecciones presidenciales y, aunque mucha agua corrió bajo el puente, recién ahora los partidos terminaron los asientos contables con sus gastos de campaña .
Cambiemos, el partido que resultó consagrado, fue el que más gastó durante la carrera presidencial. De acuerdo a los informes finales presentados ante la Cámara Nacional Electoral, fueron casi $130 millones en términos de «gastos operativos» y publicidad proselitista. El cálculo incluye las PASO ($36,7 millones) y las elecciones generales de octubre ($93 millones).
La fórmula que llevó al triunfo a Mauricio Macri y a Gabriela Michetti recaudó casi $91 millones de aportantes privados, mientras que desde el Estado recibió $28 millones. En marzo se conocerá el balance del ballottage.
Para conquistar el voto popular, el equipo de Macri desembolsó $9 millones en marketing telefónico. Las consultoras de opinión pública que trabajaron para el macrismo se llevaron $3 millones. Pero la campaña Pro se jugó fuerte en la calle y, sobre todo, en Internet: invirtió $26,5 millones para los carteles en la vía pública, mientras que la publicidad en la web -con presencia en sitios, Facebook, YouTube y Twitter- ascendió a casi $33 millones.
El festejo de la primera vuelta en Costa Salguero costó a Pro casi $3 millones. Uno de los mayores costos fue el catering con el que el macrismo suele deleitar a militantes y periodistas, que costó $500.000. Los pagos a Sadaic por los derechos del tema «Estoy con Vos» sumaron casi $700.000.
Propaganda, eventos y el catering del FPV
De acuerdo a los números que presentó ante la Justicia, el binomio Daniel Scioli – Carlos Zannini del FPV gastó $96 millones en su campaña presidencial: $40 millones para las PASO de agosto y otros $56 millones para las generales de octubre.
Los mayores gastos proselitistas se pagaron en propaganda en medios gráficos y en la vía pública, con erogaciones por $17 millones y $20 millones, respectivamente. En Internet, la campaña fue algo más tibia que la de Pro, con una inversión de $22 millones. La impresión de boletas del FPV tuvo un costo de $12 millones. Las imprentas contratadas fueron las Balbi SA y Rotativos Patagonia SA, la empresa que imprime Tiempo Argentino.
Tal como publicó este medio, La Corte SA, la productora adquirida por Cristóbal López y encargada de televisar las apariciones de la ex presidenta Cristina Kirchner, fue una de las firmas más beneficiadas por la campaña kirchnerista. Ofreció «servicios audiovisuales» para los actos proselitistas por casi $1 millón. Según consta en el informe, el alquiler de Costa Salguero para la cena de recaudación de Scioli costó cerca de $400.000, aunque el fuerte de aquella noche fue la comida: $1.300.000 para el servicio de catering.
De privados, el FPV recaudó un total de $53 millones, mientras que del Estado recibió fondos por $42 millones.
Terciando la competencia, UNA, el partido que encabezó Sergio Massa , presentó ante la Cámara un cálculo casi exacto: recaudó y gastó $57 millones pesos durante 2015. La fórmula de Margarita Stolbizer tuvo más egresos que ingresos: una recaudación de $26 millones y erogaciones por $28 millones.
Auditoría
El cuerpo de auditores de la Cámara Nacional Electoral realiza por estas horas una lectura minuciosa de los balances presentados por los partidos. Buscarán determinar si fueron bien declarados los gastos y examinarán la lista de aportantes privados. Su informe final será elevado en el término de algunos meses a la jueza con competencia electoral de Capital Federal, María Servini de Cubría , quien deberá decidir si corresponde o no sancionar a los partidos.
En lo que refiere a la recaudación de fondos, la utilización de aportes de empleados públicos fue una metodología que se repitió tanto en el Frente para la Victoria como en Cambiemos. Ahora, la Justicia deberá determinar si hubo anomalías en este viejo modus operandi.
fuente LA NACIÓN