recorte de personal en la administración central no terminó. A fin de mes, habrá aproximadamente 1500 bajas más, según confirmaron a LA NACION fuentes oficiales y gremiales. Se trata de un grupo de empleados públicos al que se le extendió por tres meses su relación para evaluar su desempeño.
De esta manera, el Gobierno avanza firme en su política de desvinculaciones y ruptura de contratos que heredó de la gestión anterior. Con las cesantías que se concretarán el 31 de marzo, los despidos en el Estado nacional y en los entes descentralizados que de él dependen ascenderían a casi 8000, según indicaron fuentes del Ministerio de Modernización, el organismo a cargo de la auditoría, y de los dos gremios estatales.
La gran mayoría de los contratos que caerán tienen una particularidad: se trata de vínculos temporarios de empleados que ingresaron al Estado entre 2013 y 2015. Entre los 1500 nuevos despidos, 600 se darían en el Hospital Nacional Alejandro Posadas. En noviembre pasado, el Posadas gastó más de medio millón de pesos de su presupuesto para la organización de un acto al que asistió la ex presidenta Cristina Kirchner.
El rastrillaje de los contratos en la administración pública quedó en manos del ministro de Modernización, Andrés Ibarra. Durante las últimas semanas, Ibarra mantuvo reuniones con los referentes de los dos gremios estatales: Andrés Rodírguez (UPCN) y Hugo Godoy (ATE). De uno de los encuentros participó el ministro de Trabajo, Jorge Triaca. Se pactó no avanzar con el personal de planta permanente.
«Hubo algunos despidos con criterio más o menos sensato, ya que no se admitió a gente que ingresó masivamente en el segundo semestre del año pasado. Pero faltó lógica y prolijidad: se expulsó de manera muy indiscriminada», dijo a LA NACION Andrés Rodríguez, líder de UPCN y uno de los dirigentes que encabeza el proceso de reunificación de la CGT.
Desde ATE acusan a sus pares de UPCN de haber bajado la guardia y no empujar un conflicto por las bajas. El gremio de Godoy activó dos protestas de alcance nacional en lo que va del año. UPCN, ninguna.
«Como no se ha tocado la planta permanente ni los que tienen más de dos años de antigüedad es muy difícil llegar a un conflicto de acción directa. Estamos negociando reincorporaciones», justificó Rodríguez, quien admitió que el kirchnerismo le dio «un carácter político» al ingreso masivo de personal durante el último semestre de 2015.
La pulseada interna entre ATE y UPCN es histórica. En la negociación colectiva, UPCN es el que lleva la voz de mando, ya que es el mayoritario en términos de afiliados que aporta con su cuota sindical. Durante el kirchnerismo, ATE siempre firmó en disidencia los acuerdos salariales que sellaba Rodríguez, un dirigente que reforzó su alianza con la Casa Rosada a partir de 2012, cuando se fracturó la CGT para rivalizar con Hugo Moyano.
En ambos gremios estatales confían que a partir del mes próximo, cuando el decreto de revisión de contratos de planta transitoria ya esté sin vigencia, se pueda avanzar con el Gobierno en lo que será la negociación salarial, que, esta vez, tendrá una particularidad: los sindicatos insistirán en el cumplimiento de la ley marco de regulación del empleo estatal, que pone la lupa sobre la cantidad de contratos irregulares que desde hace años se multiplican en la administración pública.
«Aspiramos a que haya solo planta permanente. En el gobierno de la Alianza se deformó el sistema contractual del Estado», dijo Rodríguez.
Lejos de bajar la guardia, en ATE prevén más protestas callejeras para exigir la reincorporación de los despedidos. Los reclamos se extenderán hasta junio, cuando se negociarán los aumentos salariales. Algunas conducciones provinciales pusieron el piso de su demanda en 35%. Godoy, el líder nacional, pediría una suba mayor.
El recorte de personal también afecta al sector privado. Desde el 1° de diciembre hasta el 4 de marzo se registraron 68.563 despidos en todo el país, de los cuales 37.627 se produjeron en el ámbito estatal (nacional, provincial y municipal) y 30.936 en el privado (la construcción es el sector más golpeado). Así surge de un relevamiento que elaboró el Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, que encabeza Pablo Micheli.
Los docentes mendocinos vuelven al paro
Los docentes mendocinos vuelven hoy al paro y no dejan de poner resistencia a la decisión del gobernador radical Alfredo Cornejo de incrementar los salarios por decreto, a pesar de que el inicio del ciclo lectivo se muestra con normalidad en la mayoría de las escuelas.
Luego de que el mandatario firmara el proyecto de la suba del 32%, que incluye el polémico «Ítem Aula», un adicional de 1300 pesos que se pierde si se superan las tres faltas mensuales, y lograra el viernes la ratificación del Senado en la Legislatura provincial, el gremio de los maestros SUTE convocó a los educadores a realizar la tercera huelga y movilización del año.
fuente LA NACIÓN