El avance de causas de corrupción que implican a la ex presidenta Cristina Kirchner divide al gobierno de Mauricio Macri. Si bien el Presidente aseguró que no habrá impunidad y pidió celeridad a los jueces, un sector sostiene que la Casa Rosada debe tomar distancia de las investigaciones para no arriesgar los acuerdos con el PJ en el Congreso y para no distraer al Gobierno de su gestión. Pero otra ala promueve un impulso combativo de las denuncias.
«No es competencia del Poder Ejecutivo, sino del Poder Judicial», dijo a LA NACION un allegado directo de Macri. «El Gobierno debe mejorar la Justicia y garantizar su independencia. La investigación es de los jueces y, también, de la prensa», agregó.
El debate está instalado. El ala más combativa la encabezan el ministro de Justicia, Germán Garavano; la diputada Elisa Carrió, de la Coalición Cívica; la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
El sector moderado lo integran ciertos amigos de Macri y el presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, a quien le atribuyen diálogo con los jueces federales de Comodoro Py, aunque el Presidente lo negó.
¿Qué opina Macri? Según sus allegados, no definió una posición. Escucha a ambos bandos y por ahora toma distancia de las causas. Pero agregan: «Serán clave Carrió, la prensa y las encuestas».
Para subrayar su prescindencia, Macri dijo anteayer que sólo vio los videos de La Rosadita, que salpican al kirchnerismo, mientras «hacía zapping» esperando a su esposa Juliana Awada para ir a un cumpleaños.
«Ahí tomé conciencia de la globalidad del tema», sorprendió. «Me apabulló, me asqueó, es una situación muy abusiva», dijo Macri.
Pero puso distancia: «Guardando todos los respetos institucionales del caso, en esta etapa que comienza la Justicia tiene que actuar de manera independiente y vamos a dar toda la información que nos pidan, aún en casos que investiguen a un funcionario mío». De todos modos, pidió a los jueces «ritmo y velocidad para hacer las cosas en el tiempo real».
Macri sostiene a Garavano y le pide que «no afloje». «Es complejo pero es así», dijo un allegado al ministro. El debate no está saldado.
Muy cerca del ministro militan los cuatro abogados de la «mesa chica» de Macri: José Torello, asesor presidencial; Pablo Clusellas, secretario legal y Técnico; Fabián «Pepín» Rodríguez Simón, diputado del Parlasur, y Mauricio Devoto, secretario de Planificación Estratégica del Ministerio de Justicia, el más cercano a Garavano. En su libro «19 Motivos», base doctrinaria de Pro, Devoto escribió que «el cambio político implica oponerse y denunciar cualquier forma de corrupción. Combatirla como lo que es: un atentado contra el sistema democrático».
Es el más combativo del grupo: «Cuando hablamos de corrupción la especulación política es para mediocres». Pero ,al igual que Macri, Torello, Clusellas y Rodríguez Simón no tienen posición tan definida.
«No es que no tengamos posición tomada sino que se va haciendo una dosificación de opinión y de persona para poder equilibrar si es necesario», dijo un funcionario.
Otro agregó: «Si nos ocupamos de la demanda de la sociedad, de meter presos a los kirchneristas, nos distraemos de la gestión, y ya bastantes problemas tenemos».
Muchos de ellos están enfrentados con Angelici y cuando Carrió denuncia al presidente de Boca por hablar con los jueces algunos celebran. La diputada de la CC no está tan sola en el macrismo.
Le atribuyen a Angelici una relación fluida con el abogado Darío Richarte, ex número dos de la ex SIDE y radical como él. Ambos influyen en la actual AFI, que dirige Gustavo Arribas, y dialogan con el histórico operador radical Enrique Nosiglia.
Temen que el avance de causas contra Cristina agrande la grieta con el PJ y altere la gobernabilidad en el Congreso. Pero aclaran que el principal obstáculo para avanzar contra la ex presidenta es la procuradora general de la Nacion, Alejandra Gils Carbó. Mientras tanto, Garavano insiste en que el programa de protección de testigos basta y sobra para investigar la corrupción. Quiere evitar que los jueces se amparen en que no existe la ley del arrepentido.
Pero Macri le dio luz verde a Laura Alonso para presentar en pocos días la ley del arrepentido, la de extinción de dominio, aumentos de penas por corrupción y de responsabilidad penal para empresas que paguen coimas. Al secretario de Asuntos Políticos de Interior, Adrián Perez, le encargó las leyes de acceso a la información y de reglamentación de la actividad del lobby.
Nombró, además, al abogado Juan Félix Marteau, coordinador nacional para el Combate del Lavado de Activos. Y a Garavano le encomendó la reforma judicial 2020 que lo enfrentó a muchos jueces federales: uno de sus proyectos de ley creará fueros federales para investigar la corrupción y el narcotráfico.
fuente LA NACIÓN