RÍO GALLEGOS .- Roberto Saldivia está intranquilo. Nervioso. Al abogado de Lázaro Báez, de 45 años, lo incomoda que los dichos de Leonardo Fariña puedan tomarse como válidos. Niega ser un hombre clave en el entramado de negocios del Grupo Austral. Afirma que lo sumaron sin consultar al directorio de Hotesur SA, la empresa dueña de los hoteles de Cristina Kirchner.
El valijero arrepentido señaló que el abogado era indispensable para los negocios de Báez, para quien trabaja hace mas de una década. Las palabras de Fariña son, justamente, las pistas que han reactivado la causa judicial que compromete al empresario más cercano a los Kirchner. Saldivia, abogado del fuero local, aceptó hablar por primera vez con la prensa «por el sentimiento personal que genera todo esto que se dice; estoy muy intranquilo».
Saldivia, de gran habilidad para los negocios, fue presentado a Baéz por un amigo en común: el abogado y ex conjuez federal Alejandro Baldini, un hombre que supo ser clave en los inicios del empresario. La vida de Saldivia cambió después de conocer a Báez. Ex empleado del correo, de joven montó su propio estudio de abogado en base a los negocios de su jefe hasta convertirlo en uno de los más importantes de esta ciudad.
Cae el sol sobre la costanera de esta ciudad, justo frente a su estudio. Saldivia habla sin respiro. Quiere desmentir tan rápido como pueda algunas de las sospechas que -sostiene- se construyeron desde que su jefe fue detenido. Pero Saldivia no niega su pasado. Ni siquiera cuestiona las decisiones de Báez que podrían comprometerlo ahora en la Justicia, como ponerlo en el directorio de Hotesur SA, la sociedad de los Kirchner. «Me enteré por la prensa que estaba como director suplente», dijo sobre el cargo que ocupó hasta 2014.
- ¿Es cierto lo que relató Fariña?
-Es verdad que yo me ocupaba de los temas legales de Austral, pero después él dice que yo lo fui a buscar al aeropuerto. Es mentira. Nunca viajé con Báez a Buenos Aires. Pueden buscar en los registros del (aeropuerto) San Fernando. A Fariña nunca lo vi en mi vida. No conozco La Rosadita. Confío en la Justicia. Estoy esperando que me llamen a declarar.
-¿Qué relación tiene con Lázaro Báez?
- Me vas a decir que soy un perejil… y no lo sé. Pasaba uno, dos, tres meses que no lo veía a Báez. Lo conozco desde hace muchos años y gracias al trabajo que me dio pude abrir mi propio estudio de abogados. Soy un agradecido. Pero en los últimos años estuve un poco afuera. Me tenían ahí… no me pagaban el abono hacía un año. Cuando cambió el gobierno y le cancelaron los pagos me volvió a llamar para resolver ese conflicto. Lo acompañé personalmente a una reunión con delegados de Austral (en diciembre).
-¿Cuándo fue la última vez que estuvieron en contacto?
-Unos días antes de que viaje a Buenos Aires y quede detenido. Estábamos hablando de temas laborales de la empresa.
-Si estuvo alejado, ¿por qué está intranquilo?
-Por las pavadas que se dicen. Nunca fui el artífice de las sociedades de Baez ni de sus movimientos financieros. Me quieren manchar. Pero tengo la tranquilidad de que nunca firmé un cheque. Mi relación con Báez siempre estuvo estrictamente relacionada a los temas de derecho laboral. No soy socio ni presidente de ninguna sociedad.
- Fue director suplente en Hotesur entre 2009 y 2014…
-Es un cargo de relleno. Me dijeron que necesitaban a alguien de confianza. Le preguntaron a una persona del grupo y me nombró a mí. No tenés que firmar para asumir ni para renunciar. Incluso yo mismo me enteré de que estaba en Hotesur por los medios.
- ¿Cómo llega un mensajero del correo a compartir el directorio de una empresa con Cristina Kirchner?
-No llegué a compartir un directorio porque yo no estaba en el directorio. Era un cargo inexistente porque era un cargo que no acepté.
- Pero tampoco pidió que lo quitaran cuando se enteró…
-Lo acepté como las reglas del juego. Pensé que estar en Hotesur me permitía seguir creciendo en la profesión. Nunca quise salvarme para dejar de trabajar. No tengo cuentas en Panama Papers, ni cuentas ni departamentos en Punta del Este. No tengo nada afuera, todo en Río Gallegos. Tengo cuatro o cinco propiedades con mis 16 años de trabajo profesional. Sólo un departamento en Buenos Aires que compramos de pozo con mi mujer.
-¿Conoce a Cristina Kirchner o a Máximo?
- No, nunca la vi. Tampoco a Néstor ni a Máximo.
-¿Esperaba esta reacción judicial sobre Báez?
-Estoy muy sorprendido. Todas las cosas que se dicen de la plata que manejaba? Confío en la Justicia y estoy a disposición. Si la Justicia no me ha venido a allanar es porque seguramente el juez analizó todo muy bien. Acá no va a encontrar nada.
Controles en el campo uruguayo «El Entrevero»
MONTEVIDEO. La justicia uruguaya dispuso un cerco perimetral en torno al campo «El Entrevero» para proteger el lugar y evitar que si en ese lugar hay valores claves para la investigación, puedan ser retirados. Ya con un embargo trabado, efectivos de la Prefectura vigilan la estancia ubicada cerca de José Ignacio, perteneciente al empresario patagónico Lázaro Báez.
En el Juzgado Especializado en Crimen Organizado, está todo dispuesto para realizar «una inspección ocular» en el terreno a efectos de constatar que es lo que hay en ese lugar.
El lunes, la jueza Adriana de los Santos había dispuesto el embargo del campo. Eso fue por el pedido específico de la «Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo».
Allanamiento por el mausoleo de Kirchner
El juez federal Sergio Torres ordenó ayer tres allanamientos en Santa Cruz, uno en la sede de la Municipalidad de Río Gallegos y dos en oficinas de Austral Construcciones, por la causa en la que se investiga con qué fondos se pagó el mausoleo de Néstor Kirchner.
Austral Construcciones es la principal compañía de Lázaro Báez, cuyas oficinas están siendo allanadas en otra causa por lavado de dinero. Esta firma fue la encargada de levantar el mausoleo y la municipalidad cedió el terreno. Los operativos estuvieron a cargo de la PSA, que secuestró documentación que ahora deberá ser analizada. No es el primer allanamiento en esta causa. Hace dos semanas, Torres había ordenado una medida similar en la sede de la gobernación de Santa Cruz. El juez procura determinar si para la obra se usaron fondos públicos.
fuente LA NACIÓN