Dos de los principales recaudadores de la primera campaña presidencial de Cristina Kirchner fueron procesados ayer por lavado de dinero, acusados de haber utilizado esas elecciones de 2007 para blanquear fondos de la mafia de los medicamentos.
El juez federal Ariel Lijo procesó y embargó ayer a Héctor Capaccioli, que era superintendente de Servicios de Salud y fue el nexo con las droguerías que figuran como aportantes del dinero sucio, y a Sebastián Gramajo, «responsable político» oficial de aquella campaña.
Lijo no sólo vinculó estos aportes del Frente para la Victoria con la mafia de los medicamentos; también, lo hizo con el narcotráfico. Sostuvo que puede presumirse que al menos parte del dinero investigado «haya provenido del tráfico de efedrina».
La lista de los procesados de ayer incluye además a Néstor Lorenzo, el empresario que según el juez organizó con Capaccioli la operación de lavado y que estuvo más de dos años preso por la mafia de los remedios. También, a Carlos Horacio Torres, Gabriel Brito y Solange Bellone. Ellos tres pusieron sus droguerías a disposición de la maniobra: las presentaron como aportantes de cientos de miles de pesos que en realidad nunca fueron suyos.
Lijo considera que son «de origen ilícito» al menos $ 886.000 de los 12,7 millones aportados por privados que financiaron la campaña de Cristina Kirchner y Julio Cobos , de acuerdo con el balance presentado por el propio frente. El juez dio por probado que los fondos que aparecen como aportados por Torres (de Multipharma SA), Brito (Global Pharmacy SA) y Bellone (Seacamp SA) en realidad «no provenían del patrimonio de las empresas que ellos presidían» porque sus compañías atravesaban «situaciones financieras críticas» que jamás les hubieran permitido tales donaciones y porque los aportes no estaban declarados en sus registros.
Otras pruebas de la trampa son, según el juez, que los cheques de los aportes de las droguerías hayan sido cubiertos todos en el día, con depósitos por ventanilla, anónimos, imposibles de rastrear. También, el hecho de que los recibos se los haya quedado Lorenzo (la Justicia los encontró en un allanamiento a su domicilio) y no los supuestos donantes del dinero.
Además, Capaccioli, Torres, Brito y Bellone son viejos conocidos. Todos ellos ya habían sido procesados juntos, con procesamientos confirmados por la cámara, como parte de una asociación ilícita en la mafia de los medicamentos, un caso que investiga la adulteración de remedios y la defraudación al Estado con subsidios y reintegros irregulares.
estadisticas
Capaccioli llegó al kirchnerismo de la mano de Alberto Fernández. En 2007 integró la Mesa Ejecutiva Nacional del Frente para la Victoria para las elecciones presidenciales. En su papel de superintendente, controlaba a empresas de la salud y «logró que varios empresarios del rubro» -escribió Lijo- se convirtieran en donantes de campaña. «Las empresas relacionadas con el rubro salud aportaron casi el 35% del total de los aportes recaudados», dijo el juez. Según Lijo, Capaccioli y Lorenzo tenían un contacto fluido y compartían negocios. Ellos fueron, además, quienes le pagaron 2000 pesos por semana a Brito «para que éste no develara que él no había puesto plata propia en la campaña». «Se puede afirmar que indudablemente el dinero aportado en la campaña tiene origen ilícito», afirmó Lijo. Consideró que Gramajo, como «responsable político» de la campaña, lo sabía y fue un actor principal de la maniobra de lavado. Distinta fue la conclusión sobre Hernán Diez, «responsable económico» de esa campaña. Lijo lo sobreseyó por entender que no había pruebas de que conociera el origen espurio del dinero.
Solange Bellone es la viuda de Sebastián Forza, que era importador ilegal de efedrina y fue uno de los tres asesinados del triple crimen de General Rodríguez. Según el juez, prestaron su empresa, Seacamp, para que figurara aportando 200.000 pesos. Lijo recordó ayer que en 2008 el propio Forza «le habría dicho a Christian Sanz» (periodista) que la campaña del FPV se había financiado con aportes ficticios, como el de su firma, y con «plata proveniente del narcotráfico, y más precisamente de los carteles de México». En este punto, el expediente de Lijo se conecta con Ibar Pérez Corradi, procesado por la mafia de los medicamentos y detenido en Paraguay a la espera de su extradición. De acuerdo con la causa del triple crimen, Forza y dos socios (Damián Ferrón y Leopoldo Bina) se habían convertido en competidores de Pérez Corradi, que, por eso, los mandó a matar. Los bienes de cada uno de los procesados fueron embargados por tres millones de pesos.
fuente LA NACIÒN