A pesar de las fuertes críticas y rechazos al blanqueo, el oficialismo aprobó anoche en el Senado la ley de «sinceramiento fiscal» y de pago de la deuda con los jubilados por reajuste de haberes, gracias a los votos del sector del Frente para la Victoria (FPV) que responde a los gobernadores. La ley se sancionó por 55 votos a favor, 11 en contra y una abstención.
La zanahoria que atrajo a la mayoría de los senadores del FPV fue el acuerdo del Gobierno para devolver el 15% de la coparticipación que se retenía a las provincias para financiar la Anses, incluido en el megaproyecto de 97 artículos por la Cámara de Diputados, y el implícito reconocimiento de la deuda.
El masivo apoyo en general que recibió el proyecto se vio sensiblemente disminuido a la hora de la votación en particular con el capítulo relacionado con el proceso de blanqueo de capitales. Esto llegó a provocar momentos de angustia en el oficialismo, que temió por la posibilidad de que se cayera un apartado clave. Eso habría obligado a la iniciativa a volver a la Cámara baja en segunda revisión.
La estrategia del Gobierno de incluir el pago a jubilados junto con la devolución de fondos a las provincias generó fuertes críticas durante el extenso debate.
«Esta ley es un chantaje, mansa pero violenta», afirmó Fernando Solanas (Proyecto Sur-Capital). «Es una maniobra extorsiva para los senadores», definió, en tanto, Ruperto Godoy (FPV-San Juan) para justificar su voto a favor de la iniciativa a pesar de sus críticas a los capítulos previsional e impositivo.
También reunió una fuerte masa crítica la autorización al Poder Ejecutivo Nacional para liquidar parte del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses con el propósito de financiar el pago a los jubilados.
El rechazo total al proyecto se circunscribió al sector kirchnerista del FPV, que otra vez volvió a sufrir deserciones, como había ocurrido en la sesión en la que se votaron los pliegos de los nuevos ministros de la Corte Suprema de Justicia. A ellos, se sumó el rechazo de Lucila Crexell (MPN-Neuquén). Solanas, en tanto, se abstuvo.
El pago a jubilados
La propuesta propone el pago de cerca de 50.000 sentencias judiciales a los jubilados que reclamaron por el reajuste de sus haberes.
Mediante acuerdos extrajudiciales cuya mecánica se determinará en la reglamentación, la iniciativa abre la posibilidad de cancelar las causas en proceso y hasta la de aquellos beneficiarios que no hayan accionado ante la Justicia. Por otra parte, establece la actualización de haberes de cerca de 2,4 millones de beneficios.
También se crea una pensión graciable a la vejez para mayores de 65 años, equivalente al 80% de la jubilación mínima. Quienes accedan a este beneficio tendrían acceso a la cobertura del PAMI.
Para financiar estos cambios, la norma autoriza al Gobierno a utilizar hasta el 7% del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses.
La fuente principal de financiamiento, según las promesas del Gobierno, será lo recaudado por el plan de blanqueo de capitales, que tendrá vigencia hasta el último día de marzo de 2017. El Poder Ejecutivo aspira a que el «sinceramiento fiscal» alcance a unos US$ 20.000 millones. El Estado recaudará el 5% del total. También se podrán regularizar las deudas de los principales impuestos nacionales hasta en 60 cuotas, con un 15% de descuento si se abona al contado.
Riesgos de desfinanciamiento
Durante el debate, que duró más de siete horas, se escucharon serias advertencias sobre el posible desfinanciamiento del sistema previsional que podría generar la propuesta del Gobierno.
Según el cálculo realizado por Eduardo Aguilar (FPV-Chaco) la cancelación de deudas demandará un costo de $ 450.000 millones durante los próximos tres años. «Son 30.000 millones de dólares; ése será el déficit de la Anses, una magnitud que es seis veces el valor de YPF y tres veces el juicio de los fondos buitre», aseguró el legislador. «Si no se toman decisiones rápidas, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad va a durar un lustro», alertó.
«No es necesaria esta ley para pagarles a los jubilados, sólo hace falta la voluntad política de reconocerle sus derechos», afirmó, por su parte, la neuquina Crexell, que rechazó el proyecto por considerarlo «un engaño».
La tónica de los discursos a favor del proyecto en el bloque del FPV giró en torno al acuerdo para la devolución de fondos reclamados por los gobernadores del PJ. Así lo destacó el jefe de la bancada opositora, Miguel Pichetto (Río Negro), quien señaló que «con esta ley se está reconociendo la deuda, un viejo reclamo de las provincias».
En la misma línea y a pesar de rechazar el blanqueo, el pampeano Daniel Lovera terminó justificando su apoyo al proyecto macrista en el hecho de que «tiene asignación específica, porque ata su recaudación al pago de los jubilados».
También hubo voces en el FPV que salieron al cruce de las críticas de sus propios compañeros de bancada. Así, Rodolfo Urtubey (Salta) le recordó al kirchnerismo que durante sus administraciones «se usaron fondos de la Anses para pagar planes como el Procrear».
Por su parte, Walter Barrionuevo (Jujuy) replicó a quienes denunciaron como un chantaje la inclusión del pago de las deudas con las provincias. «Esos fondos debimos haberlos devuelto nosotros», se sinceró.
Desde el oficialismo se defendió de manera enfática el proyecto ómnibus, calificándolo como una «reparación histórica» para los jubilados.
«Esta iniciativa pone a prueba el carácter social y federal del gobierno nacional y viene a saldar con sensatez y equidad las deudas internas más serias que tenemos los argentinos», sentenció el jefe del interbloque Cambiemos, Angel Rozas (UCR-Chaco).
Claves de un proyecto ómnibus
Los alcances del proyecto aprobado anoche por el Senado
Beneficiados
El Estado pagará a 2,4 millones de jubilados que tienen sentencia favorable, juicios en curso y a quienes no iniciaron acciones.
Financiamiento
Se podrá disponer de hasta el 7% del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses. Expectativa
También se utilizará para cancelar deudas lo recaudado por el blanqueo. El Gobierno espera que alcance los US$ 20.000.
Condiciones
El blanqueo, del que no podrán participar funcionarios, permitirá pagar deudas por impuestos nacionales en 60 cuotas. Pensión a la vejez
Se crea la pensión graciable a la vejez para mayores de 65 años, que cobrarán el 80% de la jubilación mínima.
Devolución
Se consagra el acuerdo para devolver el 15% coparticipable que se les retuvo a las provincias para financiar a la Anses.
fuente LA NACIÒN