El secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, mostró ayer en el Senado su inquietud por el avance del narcotráfico y aseguró que el país se encuentra en «un nivel intermedio» de penetración de organizaciones delictivas en el Estado, aunque aseguro que el Gobierno tendrá «una política de tolerancia cero» con los funcionarios que aparezcan vinculados a ese delito.
«La Argentina está en un nivel intermedio, porque ya no es un comisario, sino que aparecen vinculados personas cada vez más relevantes, como jueces federales o presidentes de concejos deliberantes», afirmó el funcionario, ante una inquietud de la senadora María Cristina Fiore Viñuales (Pares-Salta) acerca de si el Ministerio de Seguridad contaba con algún diagnóstico sobre la penetración del narcotráfico en el Estado.
No obstante, Burzaco afirmó que el Gobierno tendrá una «política de tolerancia cero» con los funcionarios que pudieran quedar vinculados a delitos de narcotráfico, tras lo cual destacó que «la experiencia de otros países demuestra que (la penetración del narco) tiene un crecimiento exponencial» si no se lo detiene a tiempo. «En cinco años han llegado a nombrar gobernadores», ejemplificó.
El funcionario concurrió, acompañado por el secretario de Seguridad Interior, Gerardo Milman, a exponer ante la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico de la Cámara alta sobre el plan de lucha contra el narcotráfico que anunció Mauricio Macri la semana pasada.
Al respecto, el funcionario aseguró que el primer punto del plan será «erradicar el paco», para lo cual anticipó que el Gobierno está elaborando un proyecto de ley que prevé un aumento de penas para la comercialización y fabricación de ése tipo de estupefacientes. «El impacto del paco hace que sea para nosotros una cuestión decisiva», agregó.
La situación en Santa Fe
En la reunión también se habló de la situación que atraviesa la provincia de Santa Fe en materia de inseguridad. Sobre este punto, ambos funcionarios confirmaron que es inminente un acuerdo entre la Nación y el gobierno del socialista Miguel Lifschitz para combatir el delito en la provincia.
«Hay buena voluntad política y creo que podríamos estar anunciándolo en los próximos días», aseguró Milman a la nacion.
En este tema Burzaco chocó con la senadora María de los Angeles Sacnum (FPV-Santa Fe), quien se quejó por la supuesta decisión del Gobierno de reducir la presencia de la Gendarmería en la provincia, azotada por el narcotráfico y el aumento de los delitos violentos.
«Ni había 4000 (gendarmes) en diciembre ni hay 500 ahora», respondió el secretario de Seguridad a la intervención de la legisladora, tras lo cual aseguró que e la provincia «hay más de 3000 efectivos» de la Gendarmería y que «sólo el (destacamento) móvil de Rosario tiene 800 efectivos».
El único conato de tensión de la reunión se vivió cuando intervino el puntano Adolfo Rodríguez Saá, quien reprendió a los funcionarios porque «las palabras no acompañan a los hechos» y anunciaban nuevas medidas cuando ya contaban desde hacía varios años con las herramientas para combatir el delito, para lo cual citó un decreto de 1991.
Molesto, Burzaco le contestó al senador peronista con cifras. Así, dijo que en lo que va del año aumentó un 17% el decomiso de cocaína, un 610% el de éxtasis, en 48% de ácido lisérgico (LSD) y 12% el de anfetaminas y metanfetaminas. Por su parte, Milman le recordó a Rodríguez Saá que el decreto que había mencionado «era secreto y reservado» y lo contrapuso con el anuncio del Gobierno. «Nosotros asumimos un compromiso público», afirmó.
En sintonía con Rodríguez Saá, el porteño Fernando Solanas (Proyecto Sur) cuestionó a los funcionarios porque «hablan como si hubiera situación de total normalidad y no hacen referencia a la inseguridad», al tiempo que se quejó por los nombramientos de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani al frente de la AFI.
«Nosotros no ocultamos el problema; por el contrario, declaramos la emergencia en seguridad, que si bien no resuelve el problema es una asunción de compromisos», respondió Milman, quien le aclaró a Solanas que la AFI no depende del Ministerio de Seguridad.
fuente LA NACIÒN