La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, se pronunció ayer a favor de que el caso Nisman llegue a la Corte Suprema para que revise si la causa por la muerte del fiscal debe quedar en la justicia de instrucción o pasar al fuero federal.
Gils Carbó viajó ayer a Quito, Ecuador, pero había dejado firmado la noche anterior su dictamen. Se trata de un escrito muy breve apoyando el pedido del fiscal de Cámara Ricardo Sáenz, que había presentado un recurso extraordinario para que interviniera la Corte.
La Cámara Nacional de Casación le había negado a Sáenz el recurso y hace diez días él fue «en queja» al máximo tribunal.
Según Sáenz, hay pruebas para sostener que a Nisman lo mataron y por eso el caso debe ser investigado en la justicia federal, la que investiga delitos cometidos por y contra funcionarios públicos cuando son casos que tienen relación con sus cargos. En la presentación de ayer, Gils Carbó no se expidió sobre «el fondo», es decir sobre dónde debe ser investigado el caso. Lo que hizo fue mantener el recurso para que la Corte se expidiera.
«A fin de que la Corte Suprema pueda pronunciarse sobre la cuestión planteada, mantengo la queja interpuesta», es todo lo que dice el documento que firmó la procuradora, jefa de los fiscales nacionales y federales, y fiscal ante la Corte.
Si ella se hubiera manifestado en sentido contrario, compartiendo el criterio de la Cámara de Casación, el recurso de Sáenz se hubiera caído. El caso hubiera llegado igual al máximo tribunal, pero sólo con los argumentos de las querellas que representan a los familiares del fiscal fallecido.
El 18 de enero de 2015, Nisman, que tenía a su cargo la investigación del atentado contra la AMIA, apareció muerto en su departamento de las torres Le Parc, en Puerto Madero, con un balazo en la cabeza. Hasta el momento, la Justicia no logró determinar si se suicidó o fue asesinado. Cuatro días antes, había denunciado a la entonces presidenta, Cristina Kirchner, y a su canciller Héctor Timerman por un presunto encubrimiento a iraníes en el ataque a la mutual judía.
Durante más de un año, la muerte del fiscal fue investigada en la justicia de instrucción por la jueza Fabiana Palmaghini y la fiscal Viviana Fein, que tenía delegada la causa. Pero el 1° de marzo pasado Palmaghini resolvió que no era competente y envió la causa al fuero federal. La defensa de Diego Lagomarsino, el empleado de Nisman que es dueño del arma con la que apareció muerto y es el único imputado del caso, se opuso al cambio de fuero. Intervino entonces la Cámara del Crimen, que convalidó que el caso pasara al fuero federal. Pero Lagomarsino volvió a oponerse y llevó la causa hasta la Casación, que en junio le dio la razón y devolvió la causa a la justicia ordinaria.
Los jueces de la Casación dijeron que todavía no se sabe qué pasó con Nisman, que no se puede «aseverar con fundamentación razonable» que lo hayan matado y que, por ende, es prematuro decir que debe intervenir la justicia federal, que funciona como un fuero «de excepción». Ante esta decisión, quienes se opusieron fueron el fiscal de Cámara Sáez y las querellas, que sostienen que a Nisman lo mataron. Ellos le pidieron a la Casación que les habilitara el camino a la Corte Suprema para que fuera ella la que decidiera. Como la Casación se opuso (dijo que no estaba debidamente fundada la «gravedad institucional» invocada), Sáenz fue directo «en queja» al máximo tribunal. Lo que hizo ayer Gils Carbó fue mantener el pedido de Sáenz.
Ahora, lo primero que debe decidir la Corte es si accede o no a tratar el caso.
fuente LA NACIÒN