En una acción sorpresiva y con Sergio Massa como articulador, la oposición en pleno redobló ayer la presión para que la Cámara de Diputados trate esta misma semana la reforma del impuesto a las ganancias. El primer efecto de la ofensiva opositora fue la decisión del Gobierno de enviar hoy mismo al Congreso su propio proyecto para modificar el gravamen.
La jugada del massismo, que reunió a casi todos los bloques de la oposición, se materializó en un pedido para que se realice una sesión pasado mañana, a las 11. En esa agenda se incluyó, además, el proyecto de ley de emergencia social, que ingresó ayer formalmente en Diputados, tras ser aprobado el miércoles pasado en el Senado. También comprende un listado amplio de iniciativas sociales de todas las bancadas opositoras.
Con casi 100 proyectos, el pedido de sesión especial es una especie de tratado de unidad de la oposición. Lleva las firmas de Massa, de otros ocho diputados de su interbloque y de los jefes de otras cuatro bancadas: Oscar Romero (Bloque Justicialista), Victoria Donda (Libres del Sur), Alicia Ciciliani (Partido Socialista) y Leonardo Grosso (Peronismo para la Victoria). Si bien no están ni el Frente para la Victoria (FPV) ni la izquierda, en la agenda se incluyeron proyectos de diputados de esos bloques.
El oficialismo tiene, sin embargo, la llave para frenar la ofensiva legislativa.
Cambiemos puede mantener la idea original de debatir el proyecto el 14 de diciembre en Diputados y demorar la aprobación final hasta el año que viene. Como ninguno de los proyectos tiene dictamen, la oposición necesitará de dos tercios para habilitar el tratamiento, una mayoría que no puede reunir, salvo que el oficialismo tenga varias ausencias. Lo que no podrá evitar el oficialismo es una discusión incómoda, en la que deberá pagar costos políticos por detener la marcha de propuestas que apuntan a inyectar recursos en la población.
La avanzada opositora se produjo a horas de que el Gobierno envíe, después de varios meses de retraso, su propio proyecto para modificar Ganancias. En la Casa Rosada confirmaron a LA NACION que la iniciativa ingresaría hoy al Congreso. Otra alternativa que analizaba la mesa chica de Cambiemos en el Parlamento era solicitar que el Poder Ejecutivo demore el envío, al menos hasta después de la sesión especial.
El ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, visitó ayer en su despacho al presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó. Después se reunieron en el Palacio de Hacienda, junto con Luciano Laspina, presidente de la Comisión de Presupuesto de Diputados; Nicolás Massot, jefe del bloque de Pro, y el massista Marco Lavagna, responsable técnico del proyecto alternativo.
La propuesta del Gobierno contempla una reforma moderada. El mínimo no imponible, piso a partir del cual se paga el impuesto, aumentaría un 17%, en sintonía con el cálculo de inflación para 2017, por lo que pagarán el impuesto la misma cantidad o más trabajadores que hoy. Se prevé además una ampliación de las escalas: la más baja sería de 4% (hoy es de 9%) y la más alta, de 45% (hoy es de 35%).
La propuesta de Massa, que no es un proyecto formal, sino que es un texto que reúne las iniciativas ya presentadas, propone elevar el mínimo no imponible en un 60%: para los trabajadores casados, con dos hijos, el piso pasaría de 30.000 pesos brutos a 48.000 pesos brutos; para los solteros, sin hijos, subiría de 22.000 a 35.000. Se agregarían además nuevas deducciones para calcular el monto a pagar. Se podría deducir por hijo discapacitado, por alquiler de vivienda única y por zona desfavorable (para los trabajadores de la Patagonia).
«Se trata de construir desde el Congreso correcciones para que el Gobierno entienda que la gente está mal, que la plata no le alcanza. La economía argentina funciona cuando el jubilado y el trabajador tienen plata en el bolsillo», dijo Massa, en una conferencia de prensa que lo mostró como jefe de la oposición. Parado frente a un atril, delante de una pantalla que decía «El salario no es ganancia», tenía sentados a sus espaldas a diputados de las bancadas que firmaron el pedido de sesión especial.
Las conversaciones comenzaron el miércoles pasado, tras la aprobación de la emergencia social en el Senado. Grosso, del Movimiento Evita, buscó apoyo en toda la oposición para llamar a una sesión especial. Entonces apareció Massa y se amplió la agenda de la convocatoria, con Ganancias como eje.
Según la propuesta de Massa, 1.100.000 personas dejarían de pagar el impuesto: el Frente Renovador calcula que actualmente lo pagan 2 millones y propone que pasen a pagarlo 900.000. La iniciativa establece además un mecanismo de actualización automática del mínimo no imponible, atado al salario mínimo vital y móvil o al índice Ripte, vinculado a las paritarias.
Según los cálculos del FR, la reforma tendría un costo fiscal de $ 48.000 millones. Las fuentes de financiamiento propuestas son un impuesto a la renta financiera (Lebac y plazos fijos mayores al millón de pesos), que generaría ingresos extras por $ 20.000 millones de pesos; un impuesto extraordinario a las ganancias por las operaciones por dólar futuro, por $ 11.000 millones; retenciones a la minería, por $ 5000 millones; impuesto al juego, por $ 2700 millones, y la eliminación de exenciones en los impuestos existentes, por $ 2700 millones. Esto suma $ 41.400 millones, a lo que el FR le agrega otros $ 20.000 millones que se generarían como resultado del incremento del consumo a partir de la rebaja en Ganancias.
Hoy, dictamen al presupuesto 2017
Con el visto bueno del sector dialoguista del FPV, el Senado le dará dictamen hoy, a las 16, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, a los proyectos de presupuesto 2017 y de modificación de los superpoderes, que así quedarán en condiciones de ser discutidos en el recinto y sancionados el 30 de este mes. Una hora antes, a las 15, comenzará el debate en la Comisión de Trabajo del proyecto de modificación del régimen de aseguradoras de riesgos del trabajo (ART) con la presencia del ministro del área, Jorge Triaca.
Qué significa
Del editor
La eliminación del impuesto a las ganancias fue una de las promesas de campaña de Macri, aunque, una vez en el poder, las restricciones de la economía dejaron ese compromiso en letra muerta. El Gobierno ya no aspira a su eliminación, sino a una más modesta modificación. Hoy presentará su proyecto de reforma. Quiere evitar que, con más de dos millones de asalariados alcanzados por el tributo, la oposición se haga de una bandera muy atractiva en temporada electoral.
fuente LA NACIÒN