El pago de las jubilaciones y pensiones que están a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses) representa nada más y nada menos que alrededor de cuatro de cada diez pesos del presupuesto de la Nación. Con insuficiencia de ingresos para cubrir esas erogaciones con los aportes y contribuciones más los impuestos que -algunos en parte y otros en su totalidad- se asignan al sistema, el Tesoro cubre el déficit previsional que es, en definitiva, buena parte del déficit fiscal general.
Con compromisos crecientes a lo largo del tiempo, a causa de las políticas decididas en los últimos años, y a consecuencia también del progresivo envejecimiento poblacional, la sustentabilidad del sistema previsional es un tema cuyo debate se instalará en poco tiempo.
La cuestión, de hecho, ya fue contemplada en una norma votada por el Congreso el año pasado. Además de disponer el blanqueo fiscal y de establecer un plan de recomposición de haberes para un grupo de jubilados, la ley 27.260 ordena crear un Consejo de Sustentabilidad Previsional y le asigna una misión concreta: elaborar un proyecto de reforma integral del régimen jubilatorio que deberá estar listo en 2019. Cada seis meses, según la ley, deberán informarse los avances a una comisión bicameral del Congreso.
Para este año, la previsión oficial es que las prestaciones a la seguridad social se lleven $ 952.345 millones. La distribución estimada por la ley de presupuesto indica que, de ese monto, $ 792.450 millones irán a los pagos de jubilaciones y pensiones del sistema regular (cobradas por algo más de 6,7 millones de personas) y otros $ 97.192 millones, a las pensiones no contributivas (son 1,5 millones).
La primera cifra mencionada está integrada, además, por $ 59.657 millones para el plan de reparación histórica, y por $ 3046 millones para la pensión universal dirigida a personas que, al cumplir 65 años, no acceden a una jubilación por falta o insuficiencia de aportes.
Estos dos últimos ítems se refieren a políticas instrumentadas por el actual gobierno. En el caso del plan de reparación, la intención es poner los ingresos de unos 2,4 millones de jubilados en línea con lo dicho por la Corte Suprema en algunos de sus fallos sobre el tema previsional. Hay, por lo tanto, una meta de reducción del número de juicios -tanto presentes como futuros-, porque al firmar un acuerdo con la Anses que debe homologar la Justicia, el jubilado renuncia a iniciar o a continuar una demanda.
Esto alivia los pasivos contingentes del sistema, pero, a la vez, eleva la necesidad de recursos para hacer frente al pago de haberes actualizados en forma inmediata o, en el caso de las retroactividades, para abonarlas en un plazo de tres años (estos montos, que compensan los pagos insuficientes de períodos anteriores, los percibirán quienes habían iniciado un juicio).
Los compromisos de la Anses en lo que a jubilaciones se refiere aumentaron en los últimos años con las moratorias previsionales, que les permitieron obtener ingresos mensuales a personas con aportes insuficientes o directamente sin aportes. La tasa de cobertura previsional (adultos mayores con ingresos) llegó así a más de 95%.
Por el lado de los ingresos, la Anses recibiría este año y según el presupuesto, $ 698.814 millones provenientes de aportes y contribuciones de trabajadores y empleadores, para el pago de diferentes prestaciones. Este ítem representa casi el 28% de la recaudación total de los impuestos y recursos de la seguridad social. Ocupa el segundo lugar después del IVA, del que se obtienen casi 29 pesos de cada 100.
También se vuelca al organismo parte de la recaudación de impuestos generales y las penalidades cobradas a quienes en estos meses blanquean bienes y capitales.
En el caso de Ganancias y antes de disponerse su reparto entre la Nación y las provincias, se detrae un 20% para la Anses. Del IVA, el organismo previsional recibe once de cada cien pesos. Además, el régimen jubilatorio percibe recursos derivados de tributos que pesan sobre los combustibles y los cigarrillos, y también siete de cada diez pesos del componente impositivo de las cuotas del monotributo (además, claro, de la contribución específica prevista en ese régimen para financiar las jubilaciones).
En 2016, la Anses perdió algo de la recaudación tributaria que iba a su caja: se trata de parte del 15% de la coparticipación que, por un pacto fiscal de los 90, las provincias habían cedido al sistema jubilatorio. Según un esquema progresivo, esa cesión de fondos -que provocó fuertes conflictos en los últimos años- no existirá más en el año 2020.
La composición del financiamiento de las prestaciones será revisado por quienes preparen la reforma mencionada. En ese debate, que se plantea como integral, se considerarán otros aspectos del sistema, como la edad jubilatoria y la unificación del momento de retiro entre varones y mujeres (la nueva prestación universal ya unificó el requisito para el acceso en 65 años). La ley define seis lineamientos del futuro sistema: dice que deberá ser universal, integral, solidario, público, sustentable y de reparto.
Los números de la gestión del organismo
Una de las medidas que puso en marcha es el plan de reparación histórica, que alivia las contingencias del Estado y eleva el gasto inmediato
40%
Pago de prestaciones
Es lo que representan las jubilaciones del sistema de la Anses y las pensiones no contributivas en el presupuesto nacional, según la ley de gastos aprobada para 2017
952.000
Millones de pesos
Es el gasto que esas prestaciones insumen; la cifra incluye las nuevas obligaciones del Estado por el plan de reparación histórica, que prevé poner en línea con lo dicho por la Corte Suprema los ingresos de 2,4 millones de jubilados
99.100
Millones de pesos
Son los recursos que recibió la Anses en los últimos días, provenientes de la recaudación de penalidades pagadas por los adherentes al blanqueo de bienes y capitales
9%
De los impuestos
Del total de recursos coparticipables, la Anses recibió hasta 2015 un 15% en virtud de un pacto fiscal de los 90. En 2016 recibió 3 puntos menos y este año se reducirá otro tanto esa cesión de fondos por parte de las provincias; en 2020 ya no existirá esta fuente de ingresos para el sistema nacional
fuente LA NACIÒN