La mayoría de los organismos de control del Estado recién ahora harán algún tipo de auditoría o investigación sobre el acuerdo preliminar que celebró el Gobierno con Socma, la controlante de Correo Argentino SA. Pero antes, durante y en los seis meses posteriores a la negociación su intervención había sido nula.
Con el caso judicializado, se abrió ahora un interrogante sobre el rol que tuvo cada organismo de control en la trama del convenio que involucra al padre del Presidente. Consultadas por LA NACION, desde todas las oficinas encargadas de la transparencia alegaron que no estuvieron habilitadas para entrometerse en la negociación -que se cocinó en junio del año pasado- al no ser convocadas por el Gobierno o por la Justicia. Indicaron, incluso, que se enteraron «por los diarios».
El jefe de Gabinete, Marcos Peña , apuntó ayer a la Auditoría General de la Nación (AGN) como el ente que debería dar un «veredicto técnico» del acuerdo. «Como no hay nada que ocultar, que controle la oposición», desafiaron desde la Casa Rosada. El Poder Ejecutivo, sin embargo, no tiene potestad para hacerle pedidos a ese organismo, que depende del Congreso. Así, desde el Gobierno decidieron triangular la solicitud de la auditoría a través de los legisladores de Cambiemos.
El senador José Mayans (FPV), que preside la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, ya acordó de palabra convocar a una reunión para el miércoles próximo para tratar el pedido oficial. El kirchnerismo quiere evaluar los plazos y ver la documentación que presentará el oficialismo, antes de incluir la auditoría del Correo en el plan 2017 de la AGN.
El pedido que hizo Peña en conferencia de prensa encontró al titular de la AGN, el peronista Oscar Lamberto, a la espera de un vuelo demorado para viajar de Santa Fe a Buenos Aires. Enseguida, Lamberto aclaró que el organismo sólo responde al Poder Legislativo. En diálogo con LA NACION, manifestó: «Nosotros seguimos un plan que nos permite ser profesionales y no estar atados a la tapa de los diarios».
Lamberto apuntó a otro organismo. «El Gobierno tiene la Sigen para este tipo de cuestiones», dijo. Se refirió así a la Sindicatura General de la Nación, el ente que realiza control interno sobre temas contables y legales de manera concomitante o inmediata. Desde la Sigen se excusaron: «La deuda de Socma se dirimió en un proceso judicial, no podíamos entrometernos».
La Oficina Anticorrupción (OA), conducida por Laura Alonso, fue la primera que quedó en la mira cuando se desató el escándalo. Ayer, incluso, fue denunciada por el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade. Desde la OA, sin embargo, aseguraron que conocieron el convenio la semana pasada, cuando la fiscal Gabriela Boquin emitió su dictamen.
La OA es la autoridad de aplicación de la ley de ética pública y puede hacer recomendaciones o abrir actuaciones administrativas para evitar conflictos de interés. «Podríamos haber ayudado a aumentar la transparencia para ahuyentar fantasmas, era un tema políticamente delicado», se lamentaron ante la falta de consulta previa.
En el registro de audiencias de Alonso figura una reunión con el titular actual del Correo, Jorge Irigoin, días antes del acuerdo por la deuda. «Realizamos encuentros con todas las empresas de propiedad estatal», aclararon en la OA. Alonso avivó ayer las sospechas con una declaración que generó ruido interno. «Yo pongo las manos en el fuego por mí, no por otros funcionarios», dijo en Radio La Red.
Por orden de un fiscal, la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN), a cargo de Carlos Balbín, ya inició un sumario administrativo para investigar a todos los funcionarios (kirchneristas y de Cambiemos) que intervinieron en la deuda del Correo.
La PTN tiene a su cargo la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado. Consultados por LA NACION acerca de los letrados del Ministerio de Comunicaciones que intervinieron en la negociación con Socma, desde el organismo justificaron que «responden a la jerarquía del ministerio». «Con la Procuración sólo tienen dependencia técnica. No responden a sus órdenes», agregaron.
fuente LA NACIÒN