En lo que constituyen las últimas medidas antes de decidir el futuro judicial de Cristina Kirchner , el juez federal Claudio Bonadio dispuso ayer realizar una serie de pruebas, que incluyen la ampliación de un peritaje contable en el marco de la causa Los Sauces.
En esta causa, la ex presidenta y sus hijos Máximo y Florencia Kirchner enfrentan acusaciones de pertenecer a una organización dedicada a recibir dinero de empresarios a los que beneficiaron con obras públicas, licencias de juego o la explotación de áreas petroleras. Los principales empresarios acusados son Lázaro Báez y Cristóbal López . Tras estas medidas de prueba, Kirchner y sus hijos se exponen a ser procesados por el juez Bonadio por cargos que van de la asociación ilícita al cohecho, pasando por el lavado de dinero y las negociaciones incompatibles con la función pública.
El juez indagó a la ex presidenta y a sus hijos el 6 y el 7 del actual. Con sus declaraciones se completó la lista de 21 acusados que desfilaron ante el juez.
Antes de comenzar a trabajar en las resoluciones que definan sus situaciones procesales, Bonadio ordenó realizar medidas de prueba. Algunas son las que sugirieron los propios acusados en su indagatoria y otras las dispuso por iniciativa propia el juzgado.
Por ejemplo, pidió ampliar la declaración de un empleado del empresario detenido Lázaro Báez y dispuso ampliar el peritaje contable para saber cuánto dinero ganó la firma de la ex presidenta Cristina Kirchner año por año.
El juez quiere que el Cuerpo de Peritos del Poder Judicial de la Nación Especializados en Casos de Corrupción y Delitos contra la Administración Pública amplíe el peritaje y establezca el porcentaje de ganancia por los alquileres percibidos por Los Sauces «año por año», diferenciados «en locales comerciales y de vivienda».
Además de Cristina Kirchner fueron indagados en esta causa Lázaro Báez y Cristóbal López, quienes pagaron alquileres a la empresa de la ex presidenta por propiedades que les pertenecían a ella y a sus hijos. El juez investiga si hubo sobornos por parte de empresarios beneficiados con obra pública a través de esos alquileres.
En los últimos días, el fiscal Carlos Rívolo amplió la acusación e imputó a un grupo de empleados del Banco Nación de Santa Cruz por unos cheques sospechados en la maniobras.
En tanto, Florencia Kirchner había solicitado en su descargo «el levantamiento del embargo de su sueldo como empleada o directora de Los Sauces SA», pero el juzgado le avisó que esa medida no había sido dispuesta en este expediente, sino en el caso Hotesur, en manos del juez Julián Ercolini.
El juez Bonadio ordenó ampliar la declaración indagatoria de Claudio Bustos, un empleado de Báez que admitió que firmó cheques para pagar alquileres a favor de Néstor Kirchner hasta octubre de 2010 por el alquiler de departamentos a la sociedad Los Sauces, de la familia del fallecido ex presidente, y dijo que cumplió órdenes de Martín Báez.
Ahora el juez dispuso fijarle audiencia para el 7 de abril.
De este modo, Bonadio recién estará en condiciones de decidir si procesa o no a la ex presidenta y a sus hijos luego de esa fecha y una vez que el magistrado haya recibido los resultados de la última ampliación del peritaje contable.
El juez pidió además que la defensa del escribano Leandro Albornoz aporte un testimonio de un poder otorgado por la empresa Loscalzo y Del Curto SRL a Bustos. También por petición de Cristóbal López, que se defendió al decir que por estos cargos ya fue sobreseído, pidió que le envíen las causas que tramitan en otro juzgados mencionadas por el imputado.
El juez, como lo solicitó Lázaro Báez, pidió a la Anses la nómina de empleados de Austral Construcciones, Loscalzo y Del Curto, Kank y Costilla y Valle Mitre desde 2003 hasta el presente.
fuente LA NACIÒN
