Seguridad alimentaria, cobertura de salud, servicios básicos como conexión a la red de agua corriente, vivienda digna, recursos educativos, afiliación al sistema de seguridad social, y acceso a las comunicaciones y a la información. Éstas son las siete dimensiones e indicadores de los derechos sociales que mide el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) para conocer cuál es la pobreza estructural profunda en la Argentina, aquella que se mantiene a pesar de los vaivenes económicos y que lleva a conocer que hay ocho millones de personas que no tienen acceso a por lo menos tres de las siete dimensiones de derechos desde los últimos 15 años.
Según esos indicadores, destaca el último informe que está por difundir el observatorio, pese a la mejora en los ingresos (que mostraría una menor incidencia de la pobreza), las condiciones estructurales de la pobreza reflejarán un aumento de ese mal social.
En el informe, al que LA NACION tuvo acceso exclusivo, se puede ver claramente que la pobreza multidimensional en 2016 tuvo valores muy similares a los de 2014. ¿Qué paso en 2015? «En términos económicos fue mejor, seguramente porque fue un año electoral», dice Agustín Salvia, investigador responsable del ODSA. «El Estado puso mucho dinero en circulación a través de programas sociales. Hubo una inyección de dinero, es cierto, pero la pregunta es si eso es sostenible. El 2015 fue mejor entonces, a mi juicio, de manera ficticia, vía emisión o gasto público insostenible. Todavía estamos viendo si este gobierno va a lograr una mejora de la pobreza de manera sostenible.» En el Ministerio de Desarrollo Social optaron por no participar de esta nota.
Teniendo en cuenta la meta de «pobreza cero» establecida por el Gobierno, la UCA urge a definir multisectorialmente qué es la pobreza en sus diferentes dimensiones, más allá de la llamada pobreza por ingresos, que puede fluctuar de un mes a otro. «Al estar afectados en tres o más dimensiones, es difícil que estos ocho millones de habitantes de la Argentina salgan de esta situación de pobreza. Por mucho que se les asignen programas sociales, no se resuelven sus problemas de calidad de vida», dice Salvia.
El experto en estadística señala: «Hay diferentes metodologías para medir esta pobreza estructural, no sólo el método del observatorio. No afirmamos que hay que medir con nuestro método, pero sí que necesitamos que haya un debate a nivel nacional y acuerdos académicos e institucionales para definir qué es la pobreza en sus diferentes dimensiones, y a partir de ahí fijar metas medibles para bajarla a través de políticas que mejoren la calidad de vida de quienes la padecen».
Por ejemplo, si, como sucede ahora, el 50% de los jóvenes no termina el secundario, se debe establecer una meta de que, sólo como ejemplo, en tres años el 75% de los alumnos complete esa etapa educativa. Estas metas son primordiales para bajar la pobreza estructural, según el referente del observatorio, entidad que será declarada hoy «de interés social» por la Legislatura porteña.
El informe de la UCA «Hacia una erradicación de la pobreza, dimensiones de la pobreza y la importancia de su medición multifactorial. Argentina urbana 2010-2016» muestra otras dos maneras de medir la pobreza multidimensional y hace un ejercicio para mostrar con otros métodos cuáles son los niveles de pobreza en la Argentina:
* Oxford Poverty & Human Development (OPHI): enfoque basado en carencias (no evalúa ingresos). En 2016, el 50% de la población habría estado en situación de pobreza multidimensional (experimenta al menos una carencia) y 19% de la población en situación de pobreza extrema, que equivale a 8,5 millones personas. Una cifra parecida a la de la UCA.
* Consejo Nacional de Evaluación de Políticas de Desarrollo Social de México (Coneval). Según este método, en 2016 la pobreza multidimensional alcanzaba al 29,8% de la población (12 millones de personas), de la cual el 6% estaría en situación de pobreza extrema.
La realidad es que salen a la luz las cifras de pobreza por ingresos, ya sean oficiales o de entidades privadas, y sobreviene un «efecto shock», sobre todo si hubo variaciones en la economía y pérdida de poder adquisitivo por la inflación.
El informe anterior del ODSA, de marzo de este año, que midió la pobreza por ingresos, dejó como resultado que en 2016 cayeron en esa situación 1,5 millones de personas hasta el tercer trimestre, aunque, adelanta Salvia (todavía no están los datos finales de la UCA), «en el cuarto trimestre baja la pobreza por ingresos porque baja la inflación, aumentaron las jubilaciones, el salario familiar y la Asignación Universal por Hijo (AUH), se cobró el aguinaldo y subió un poco el empleo». Pero siguen los vaivenes: en el primer trimestre de 2017, aclara Salvia, vuelve a subir levemente la pobreza porque se reactiva la inflación. «Sin embargo, el empleo siguió creciendo lentamente y en el segundo trimestre de este año seguramente va a volver a bajar la pobreza porque se recuperó un poco más el empleo por la construcción. Por otro lado, las actualizaciones de haberes hacen que no caiga más gente en la pobreza, porque lo que se pierde se recupera más adelante.»
El observatorio ya venía alertando que la medición de la pobreza por ingresos era necesaria, pero insuficiente. Le faltaban estas otras dimensiones, más profundas, que se sostienen en el tiempo. «Podemos suponer que una persona puede tener ingresos porque se los transferís a través de un programa social y por lo tanto deja de ser indigente, o porque consiguió una changa y deja de ser pobre. Pero mañana deviene la caída del programa porque hay un shock inflacionario, o pierde la changa porque hay mayor recesión, y pasa de nuevo a la indigencia o a la pobreza. En realidad, esa persona nunca dejó de ser pobre porque no tenía un trabajo digno», agrega.
«Se necesita generar más trabajo de calidad, mejorar las condiciones de hábitat, de salud, de seguridad y demás dimensiones para que las personas vivan de acuerdo con los derechos que marca la Constitución», finaliza. Ya desde el Preámbulo se refiere a que hay que «promover el bienestar general».
Padecen hambre 6 millones de argentinos
La inseguridad alimentaria, una de las dimensiones de la pobreza, afecta a 6 millones de personas. «Uno de cada 10 hogares no tiene los recursos para alimentar a toda su familia», dice Agustín Salvia. En 2010, un 15,8% de la población padeció hambre. En 2014, el porcentaje fue prácticamente igual, un 15,9%, y en 2016 bajó a 15,2%. «Se trata de hogares donde al menos una persona pasó por esta situación» cada año, acota el especialista. En la encuesta se pregunta si algún miembro del hogar experimentó hambre por razones económicas y si fue mas de una vez. Cuando consta que sí, se refleja en el indicador. Sin embargo, agrega que «el hecho de que la gente sienta hambre no quiere decir que no cubra esa necesidad de alguna manera, a través de comedores, por ejemplo, o de la Iglesia».
fuente LA NACION
