El Gobierno admitió ayer que todavía resta un camino por recorrer en la negociación con las provincias para acordar una nueva reforma tributaria que permita a la Nación y a las provincias reducir el déficit fiscal.
Lo hizo el secretario de Interior, Sebastián García de Luca, quien reconoció que aún resta «afinar la letra chica» del acuerdo que el Poder Ejecutivo pretende enviar y tener sancionada antes de fin de año en el Congreso.
La discusión continuará el próximo jueves. El día anterior, los gobernadores peronistas volverán a reunirse para analizar el encuentro de la semana pasada y, sobre todo, consensuar sus reclamos.
García de Luca habló sobre la negociación por la reforma tributaria el mismo día que Mauricio Macri elogió la reunión con los mandatarios del jueves último -la calificó como «un muy buen primer paso»-, y volvió a insistir en la necesidad de que las partes involucradas cedan para poder avanzar «con el objetivo de reducir la pobreza».
El jefe del Estado formuló estos conceptos en una columna, titulada «Transformarnos para crecer», que publicó ayer el diario cordobés La Voz del Interior y en el que destaca el resultado de las elecciones de medio término de octubre último como «un gran paso».
Además, el Presidente les reclamó a los mandatarios negociar «con honestidad y rigor técnico».
En su texto, Macri señala el equilibrio fiscal, la creación de reglas claras y el fortalecimiento de la república como los «tres ejes básicos» de la propuesta para la segunda mitad de su administración.
Por su parte, García de Luca se mostró optimista en que la negociación con las provincias, en particular con los mandatarios peronistas, tendrá un resultado positivo, al afirmar que «hay acuerdo en los ejes principales del proyecto» y que sólo resta «afinar la letra chica».
Negociación
«Estamos de acuerdo en los grandes objetivos», sostuvo el funcionario, segundo del Ministerio del Interior, al asegurar que los ejes de la reforma tributaria que propone el Gobierno son «ir hacia un esquema gradual de ordenamiento fiscal, la reducción de la presión fiscal y la discusión del Fondo del Conurbano» que reclama Buenos Aires.
Sin embargo, reconoció que hay una «negociación» en marcha y que, como es lógico, cada mandatario «trata de defender sus intereses».
Uno de los puntos más conflictivos es la afectación a las economías provinciales de algunas de las medidas incluidas en la reforma tributaria. Una de ellas es la eliminación del denominado «impuesto tecnológico», que protege la actividad de las ensambladoras de artículos electrónicos afincadas en Tierra del Fuego.
fuente LA NACION