La escasa adhesión al paro general activado en contra de la reforma previsional y las diferencias internas que surcan al triunvirato de mando abrieron un debate trascendente en el corazón de la CGT: ¿la huelga sigue siendo la manera más efectiva para canalizar los reclamos y el descontento?
La autocrítica surgió en la reunión que el 26 de diciembre se concretó en el 7ºpiso de la sede de la Uocra y de la que participaron Hugo Moyano y Luis Barrionuevo, los viejos líderes sindicales que debieron reaparecer para sostener a la actual conducción cegetista.
Después de la cumbre, tres de los ocho participantes coincidieron en que la CGT difícilmente avance en 2018 hacia otro paro general si es que no se logra el consenso pleno de todos los gremios. El análisis deja al descubierto las falencias del triunvirato, que jamás desde su nacimiento, en agosto de 2016, logró reunir a todos los sectores detrás de una estrategia común.
Además de Moyano y Barrionuevo, participaron del encuentro de fin de año los triunviros Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña; Gerardo Martínez (Uocra) y Andrés Rodríguez (UPCN), del bastión autodenominado «independientes», y los referentes del transporte Roberto Fernández (UTA) y Omar Maturano (La Fraternidad). A Fernández le recriminaron la no adhesión de los colectiveros al paro del 18 de diciembre. El líder de la UTA argumentó que se debió a la falta de comunicación y de un mensaje común por parte del triunvirato. No blanqueó delante de sus colegas que también hubo otra razón: estaba en curso una negociación con el Gobierno por un pago compensatorio por las quitas del impuesto a las ganancias. El transporte terrestre está netamente condicionado a los subsidios estatales.
Quedó claro que el impacto de un paro de la CGT está condicionado a la adhesión del transporte. Fernández y Maturano lo saben, y lo aprovechan para negociar. Entre sus colegas, ambos son considerados camaleónicos y poco fiables.
El Gobierno tomó nota sobre las debilidades de la CGT. Al día siguiente de la Navidad, a través del Boletín Oficial, en el decreto 1095/2017, modificó unilateralmente la conformación de la «comisión de garantías», un ente que funciona en la órbita del Ministerio de Trabajo y tiene por objeto determinar las actividades consideradas «servicios esenciales», que son las que están obligadas a garantizar una prestación mínima sin interrupciones frente a un paro o medida de fuerza. La intención oficial es decretar al transporte como servicio esencial y limitar el derecho a huelga del sector.
«El paro sirve si es parte de una estrategia. Pero no se dejará de lado como una herramienta presión. El paro por la reforma previsional era más importante por la declaración que por la adhesión», argumentó un jerárquico de la CGT.
Otro dirigente de peso se refirió más a la cuestión de fondo que a lo coyuntural: «Tenemos que ser responsables en el uso del paro como herramienta de acción. La CGT no debe dejarse llevar de las narices de la CTA y la izquierda».
El debate sobre la viabilidad de la huelga quedará de todos modos congelado hasta marzo. Con el triunvirato cada vez más debilitado, la CGT resolvería a mediados de 2018 una nueva conducción, que contemplaría a gremios que están hoy alejados. La crisis se agravó tanto y casi deriva en el vaciamiento de la central. A la renuncia de la UOM del consejo directivo estuvo a punto de sucederle la salida en tropa de los nueve hombres que Barrionuevo conserva en la cúpula tras la fusión de 2016 con las centrales de Moyano y Caló.
El paréntesis de enero servirá para calmar la interna. Recién en febrero se daría la primera reunión de consejo directivo del año. Para esa fecha, el proyecto oficial de reforma laboral volverá a sacudir a la CGT, otra metáfora del naufragio en el que está sumido el peronismo.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) encabezará pasado mañana el primer paro del año contra los despidos registrados en distintas áreas del Estado nacional. «El ministro [de Modernización, Andrés] Ibarra no ha tenido ni la delicadeza de convocarnos para informar sobre las condiciones ni la metodología del estudio de situación de los planteles que se utiliza como excusa para promover esta nueva ola de despidos», advirtió el jefe de ATE, Hugo Godoy.Según el gremio, en 2017 fueron despedidos 15.000 trabajadores.
fuente LA NACION
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