El tratamiento del caso Santiago Maldonado por parte de organismos de derechos humanos desencadenó su primera derivación judicial. El Ministerio de Seguridad demandó ayer en la fiscalía federal de Esquel a dos abogados de la APDH Córdoba que obtuvieron sanciones contra el Estado argentino tras presentar como verdadera la declaración de un testigo clave, el de Lucas Pilquiman, conocido como el testigo E, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Tras asumir el rol de querellante, la cartera de Patricia Bullrich acusó a los letrados Fernando Cabaleiro y Carlos María González Quintana de haber engañado al tribunal internacional y a la sociedad argentina en vísperas electorales, y de haber contribuido mediante una falsa denuncia con estafa procesal al armado de «uno de los fraudes judiciales más graves de la historia judicial argentina: la desaparición forzada de Santiago Maldonado».
En la demanda, de 49 páginas, a la que accedió LA NACION, se les imputa la posible comisión de seis delitos: «Propiciar fraudulentamente sanciones políticas contra el Estado argentino, inducir a sufragar en contra del gobierno nacional, falsa denuncia, estafa procesal, asociación ilícita y usurpación de títulos y honores».
Firmada y presentada por el penalista Fernando Soto, en representación del Ministerio de Seguridad, el planteo solicita que se investigue a las «personas que, necesariamente, han intervenido como instigadores, coautores, partícipes o encubridores». El planteo judicial se suma a otras dos denuncias por falsos testimonios de mapuches, radicadas en Esquel, tanto por la cartera de Bullrich como por la Gendarmería y, según pudo saber LA NACION, antecede a otra demanda por «complot político» que estudiarían legisladores de Cambiemos para interponer en Comodoro Py.
Tras una primera presentación ante la CIDH en agosto pasado por la «desaparición forzada» de Maldonado, Cabaleiro y González Quintana ampliaron su denuncia contra el Estado al elevar un informe que contenía el supuesto testimonio del mapuche Pilquiman, al que bautizaron como testigo E, esgrimiendo que lo habían «obtenido en forma directa» y presencial. En ese informe, Pilquiman afirmaba haber visto cómo Maldonado era apresado por tres efectivos de Gendarmería el día de su desaparición en Cushamen.
El 9 de diciembre pasado, el testigo E formalizó su única declaración testimonial ante el juez Gustavo Lleral y «contradijo seriamente y en lo fundamental» la versión aportada por los letrados, a los que se les imputa haber falseado hechos arrogándose, además, la representación de la APDH, para lograr mediante un fraude sanciones contra el país. Oportunamente -dice la demanda-, la APDH desmintió tal representatividad.
fuente LA NACION
