La mayoría de las compras que realiza el Gobierno para las distintas áreas de la administración se canalizan por contratación directa o por licitación privada; el año pasado solo un 13 por ciento se efectuó vía licitación pública. Significa todo un cambio de política: en 2015, el último año del gobierno kirchnerista, las licitaciones públicas alcanzaron el 19% de todas las compras.
Con el argumento de «otorgar mayor flexibilidad y rapidez a la gestión de las contrataciones», en mayo de 2016 el Gobierno dictó el decreto 690, en el que se dispuso una fuerte suba en los topes que permiten esquivar las licitaciones públicas. En efecto, allí se subió de 800.000 a 6.000.000 de pesos (650% de aumento) el piso a partir del cual los funcionarios están obligados a convocar a una licitación pública. La cifra no se actualizaba desde hacía tres años.
En el caso de contrataciones directas, el nuevo límite que impuso el decreto es hasta $1.300.000 (antes era de $200.000). Asimismo, las licitaciones o concursos públicos y privados pasaron de $800.000 a $6.500.000.
Los resultados de la aplicación del decreto 690 no tardaron en verse: de acuerdo con un relevamiento realizado por LN Data en los portales oficiales Compr.ar y Argentina Compra, el 50% de las compras que realizó el Estado durante 2017 (no hay datos de 2016) se canalizaron por licitaciones y por concursos privados. En 2015 ambas modalidades concentraron el 24,7%.
Significa todo un cambio de política: en 2015, el último año del gobierno kirchnerista, las licitaciones públicas alcanzaron el 19% de todas las compras. Este mecanismo le permite al organismo público que desea efectuar una compra o contratación convocar solo a aquellos proveedores inscriptos en la base de datos elaborada por el Gobierno. Del total de lo que gastó el Estado el año pasado en sus compras y contrataciones, el 15% (unos $3194 millones) se realizó por medio de licitaciones y concursos privados, según pudo relevar LN Data
El informe arroja, además, que el 36% de las compras que se realizaron en 2017 fueron vía contratación directa, pese a que el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional impone límites estrictos para este tipo de procedimiento. En efecto, solo se aplica «cuando no fuere posible aplicar otro procedimiento de selección y el monto presunto del contrato no supere el máximo que fije la reglamentación».
También se aplica este procedimiento cuando una licitación o concurso hayan resultado desiertos al segundo llamado. Lo cierto es que del monto total que gastó el Estado en sus compras en 2017 poco más de $9 mil millones se hizo vía contratación directa (el 37%).
En el tercer lugar del relevamiento aparecen las licitaciones públicas que concentran el 15% del total de las compras del Estado en 2017. De todas maneras, si se mide el ranking en función del monto, las licitaciones públicas se imponen por sobre el resto de los procedimientos con $11.076 millones, el 45% del total de las compras que hizo el Gobierno el año pasado.
Desde el Ministerio de Modernización explicaron que las compras y contrataciones que realiza el Estado son responsabilidad de cada organismo público que las realiza. «El Ministerio de Modernización solo ofrece la plataforma digital -Argentina Compra y Compr.ar- para viabilizar los procedimientos, pero no controla las compras que hacen los organismos públicos; eso es responsabilidad del jefe de Gabinete y de los distintos ministerios», se limitaron a explicar.
Lo cierto es que el decreto 690, además de elevar el tope para esquivar las licitaciones públicas y facilitar las privadas, también flexibilizó la toma de decisiones. En efecto, la medida establece que cuando la contratación no supere los $10.000.000, podrán ser firmados por ministros, funcionarios con su mismo rango y el secretario general de la Presidencia, en tanto que secretarios de la Jefatura de Gabinete, de la Presidencia, ministerio o funcionarios de nivel equivalente podrán hacerlo por hasta $ 5.000.000.
Los subsecretarios de cada área o funcionarios de nivel equivalente podrán suscribir contratos por hasta $1.500.000, mientras que directores nacionales, generales o funcionarios de nivel equivalente, por hasta $300.000. Por último, otros funcionarios en los que se delegue la facultad de firmar contrataciones podrán hacerlo por hasta $100.000.
La licitación o concurso público es habitualmente visto como el mecanismo más transparente, aunque también el menos ágil, pues el procedimiento demanda más tiempo. Sin embargo, está demostrado que, aunque lento, resulta más efectivo a la hora de lograr precios más bajos. Lo pudo comprobar el propio Gobierno esta semana con la compra de medicamentos: tal como publicó LA NACION, logró quebrar la resistencia de los laboratorios a la hora de fijar los precios y, en la primera licitación pública, alcanzó un descuento del 80 por ciento. La novedad fue que en lugar de realizar la compra por separado, el Ministerio de Salud, el PAMI, IOMA y otras obras sociales decidieron ir juntos. Con la licitación, que se abrió en diciembre y que concluyó en las últimas horas para la compra de medicamentos para la hemofilia, el Estado se ahorrará 1500 millones de pesos por año.
Las licitaciones y contrataciones privadas, en cambio, ahorran tiempo, pero no son garantía de menores precios. Tampoco de transparencia, sostiene la oposición. La semana pasada, la líder de GEN, Margarita Stolbizer, presentó una denuncia sobre una contratación que efectuó el Ministerio de Modernización para que la consultora realice la tarea de «seguimiento de evolución de proyectos centrales de la Dirección Nacional de Relaciones Institucionales» de ese ministerio. La única empresa que se presentó a la licitación privada fue Labcom SA, que se adjudicó el contrato por $1.260.000. Uno de sus socios era titular de Nación Fideicomisos al momento de ganar la licitación.
La Asociación Civil Bajo La Lupa, que preside Stolbizer y coordina su asesora legal Silvina Martínez, presentó el mes pasado un relevamiento de las contrataciones de servicios de consultoría privada realizado por diversos organismos públicos entre 2016 y 2017; en esa investigación se detectó «sobreabundancia de estas contrataciones sin que estas se encuentren justificadas de manera suficiente». Además, advirtió que habría «conflictos de intereses en la contratación de empresas como también incumplimientos en lo relativo a la normativa vigente»
fuente LA NACION
