Tres meses después de su puesta en marcha, el pacto fiscal todavía genera tensión entre el Gobierno y las provincias que no transfirieron sus cajas jubilatorias a la Nación. Ese traspaso es uno de los ejes del acuerdo que la Casa Rosada y 23 gobernadores firmaron en noviembre del año pasado.
Los distritos que todavía controlan sus cajas previsionales y están en plena puja para que el gobierno central se haga cargo del déficit de cada una de ellas son Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego.
La mayoría se queja de que el sistema montado por la Anses para calcular el déficit de las cajas y avanzar para que las provincias finalmente reciban los fondos correspondientes es «excesivamente burocrático» y de que la resolución del tema se está demorando innecesariamente.
«Todos los meses nos piden información nueva. El trámite es innecesariamente burocrático y avanza muy lento», graficó ante LA NACION el ministro de Hacienda de una provincia del norte. El plazo para cerrar la negociación vence el 30 de junio.
La queja se repite en todas las provincias que tienen el tema pendiente, salvo Córdoba, que el año pasado llegó a un acuerdo por 5100 millones de pesos, y Buenos Aires, gobernada por Cambiemos, que está cerca de lograr un entendimiento.
De hecho, el cálculo del déficit de la caja previsional fue el detonante de la decisión del gobernador de La Pampa, Carlos Verna, de bajarse del pacto fiscal la semana pasada. El pampeano pretendía que la Nación se hiciera cargo de poco más de 400 millones de pesos correspondientes al déficit de 2016. La Casa Rosada retrucó que esa cifra nunca formó parte de un compromiso de la Nación con La Pampa y que no podía ofrecerle a la provincia condiciones distintas y más favorables que al resto. Furioso, Verna anunció que la Legislatura pampeana no lo aprobará. Se sumó así al puntano Alberto Rodríguez Saá, que ni siquiera rubricó el consenso.
En el Ministerio del Interior rechazan las quejas de las provincias. Desde la cartera que conduce Rogelio Frigerio aseguraron a LA NACION que, aunque el cierre de la negociación está pendiente, las provincias están recibiendo regularmente los anticipos a cuenta del déficit de este año y que la información que se les exige a los distritos es la misma que se les pide desde septiembre del año pasado, cuando empezaron las gestiones. «Durante el kirchnerismo no se les transfirió un peso. Nosotros vamos a seguir siendo muy exigentes con la documentación que requerimos en línea con la cantidad de recursos que están en juego», argumentaron. Este año, la cobertura del déficit de las cajas previsionales demandará 18.000 millones de pesos a la Nación.
Más allá de este frente de conflicto, el pacto fiscal presenta otras situaciones irresueltas. La más acuciante es la negociación entre el gobierno nacional y Santa Fe por la devolución del 15 por ciento de coparticipación retenida por la Anses durante años y restituida a la provincia por un fallo de la Corte Suprema que también benefició a Córdoba y San Luis.
El plazo para resolver el tema venció el sábado, pero la negociación entre la Nación y el gobierno del socialista Miguel Lifschitz está en marcha. Santa Fe asegura que la deuda asciende a 54.000 millones de pesos. La Casa Rosada calcula que el pasivo es inferior (no más de $30.000 millones) y ofreció pagarla con obras y bonos. «Aspiramos a llegar a un acuerdo antes del 15 [de abril]», dijeron a LA NACION voceros del gobierno santafesino. Podría haber novedades esta semana.
Por otro lado, la reducción progresiva del impuesto a los ingresos brutos para la industria, la ganadería, la agricultura, la construcción y los créditos inmobiliarios, entre otras actividades, se puso en marcha en todo el país.
Sin embargo, el proceso no estuvo libre de «avivadas». Para compensar la caída de la recaudación de Ingresos Brutos, los gobiernos de Salta, Tucumán, Neuquén, Río Negro, Misiones y Tierra del Fuego aumentaron el gravamen a otros sectores de la economía.
fuente LA NACION
