En casi dos años y medio de gestión, el gobierno de Mauricio Macri logró avances muy limitados en su objetivo de reconvertir los planes sociales en puestos de trabajo genuinos. Mientras aumentó la cantidad de destinatarios de programas asistenciales, el plan creado para canalizar el traspaso de parte de ese universo al mercado laboral formal obtuvo resultados inferiores a las metas anunciadas.
Entre enero de 2017 y marzo de este año, solo 12.280 beneficiarios de programas sociales lograron acceder por esa vía a un empleo formal, según el último informe que presentó ante el Congreso el jefe de Gabinete, Marcos Peña , el 15 de marzo.
La cifra, que abarca un período de 15 meses, es el 15 por ciento de los 80.000 traspasos proyectados por año para el plan Empalme, según anunció en su lanzamiento el ministro de Trabajo, Jorge Triaca.
Para calcular el número que informó al Congreso, la Jefatura de Gabinete sumó los traspasos producidos por el plan Empalme, lanzado en mayo pasado, y los generados por el Programa de Inserción Laboral (PIL), una iniciativa similar, vigente desde 2006. Si se contabilizan solo las incorporaciones del Empalme, que terminó de reglamentarse en julio, la cifra desciende a 1391 beneficiarios, según informó el sitio Chequeado en enero pasado, sobre la base de información oficial, actualizada en diciembre de 2017. El resto corresponde al PIL.
«El balance es positivo. Para llegar a 40.000 traspasos por año, que es el objetivo verdadero, necesitamos alcanzar 3500 traspasos por mes y hoy ya estamos cerca de los 2500. El proceso de implementación es lento, pero se dieron pasos importantes. Hay 200.000 beneficiarios que ya fueron incorporados a la plataforma de Trabajo en Red, una especie de LinkedIn para que puedan ser contratados por las empresas», respondieron en el Ministerio de Trabajo, organismo de aplicación del Empalme.
La mirada contrasta con las críticas de las principales organizaciones sociales, de entidades de la sociedad civil y de dirigentes de la oposición, que cuestionan no solo los resultados, sino también las políticas aplicadas. «El Empalme es una buena iniciativa, pero resultó objetivamente un fracaso. A la escasez de generación de puestos de trabajo en la economía se suma la falta de gestión. El Gobierno no lo tomó como una política estratégica, no involucró a los ministerios de Producción y de Educación, y en la práctica lo terminó desactivando», dijo a la nacion el diputado Daniel Arroyo (Frente Renovador), exviceministro de Desarrollo Social.
El Empalme permite que los titulares de diez programas sociales nacionales sigan cobrando un beneficio, de entre $2000 y $4000, durante los primeros dos años como empleados en relación de dependencia en el sector privado. Ese monto ayuda a las empresas a completar el salario. Es un subsidio al empleo. El total de traspasos de los últimos 15 meses es, en proporción, levemente superior a lo conseguido con el PIL en 2015 (8117) y en 2016 (7431). La proyección oficial para 2018 es de 15.000 traspasos, detalló Peña.
La cifra es muy baja en comparación con el universo a alcanzar: ronda el millón de personas, estimaron en el Ministerio de Trabajo.
El mayor de todos esos programas es el Argentina Trabaja, que aumentó un 64% la cantidad de beneficiarios desde diciembre de 2015 y alcanzó 175.000 destinatarios en diciembre pasado, según cifras oficiales, citadas en el mismo artículo de Chequeado. En febrero pasado ese plan quedó fusionado en el programa Hacemos Futuro, que abarca también Ellas Hacen y Proyectos Productivos Comunitarios. En total, Hacemos Futuro tiene unos 260.000 beneficiarios, informaron en el Ministerio de Desarrollo Social.
En paralelo al Empalme, la cartera que conduce Carolina Stanley lanzó Ingreso Protegido, un programa que, para fomentar el traspaso al mercado laboral, garantiza durante un año a los destinatarios de planes sociales la posibilidad de volver a cobrar el beneficio, en caso de que la experiencia de empleo resulte fallida.
Más capacitación
El lanzamiento de Hacemos Futuro, explicaron en Desarrollo Social, responde al objetivo de reforzar la capacitación de los beneficiarios para facilitar su «empleabilidad», en línea con el Empalme.
Al revisar los datos de los destinatarios de Hacemos Futuro, se detectó que el 64% no terminó la escuela secundaria y que, de ellos, el 15% no finalizó la primaria. A partir de ahora ya no es obligatorio ser parte de una cooperativa de empleo, sino que se les exige que terminen la secundaria y que se capaciten en talleres de formación profesional.
La reforma es cuestionada por las organizaciones sociales, a cargo de una porción de las cooperativas.
«El Gobierno cree en la empleabilidad y en crear oportunidades de negocios para el empresario. Eso no funciona así. El Estado tiene que generar trabajo. Ahora abandonaron las cooperativas y las transformaron en capacitación. Pero esas capacitaciones no son reales. Hacen que la gente se quede en la casa sin hacer nada», sostuvo Emilio Pérsico, del Movimiento Evita.
Panes y pizzas recién horneados se producen en la cooperativa Unión y Progreso, que Barrios de Pie atiende en Rafael Calzada Panes y pizzas recién horneados se producen en la cooperativa Unión y Progreso, que Barrios de Pie atiende en Rafael Calzada Crédito: Silvana Colombo
En el Ministerio de Desarrollo Social se excusaron de informar el porcentaje de cumplimiento de la capacitación porque «el programa está en plena etapa de inscripción», dijeron.
Para Daniel Menéndez, referente de Barrios de Pie, los escasos resultados del plan Empalme tienen que ver con la falta de generación de nuevos empleos. «No hay forma de que el programa tenga viabilidad en la economía actual. El Gobierno dice cosas que la gente quiere escuchar, pero no se dan las condiciones económicas para que eso pase. Hay que fomentar el trabajo, no solo darles facilidades a las empresas», afirmó.
Menéndez denunció, además, que en simultáneo al lanzamiento de Hacemos Futuro, se cerraron sedes del plan Fines, destinado a que los adultos terminen sus estudios. En Desarrollo aseguran que la oferta de capacitación está garantizada.
En la misma sintonía que Pérsico y Menéndez, Eduardo Reese, director de derechos económicos, sociales y culturales del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), sostuvo que las dificultades de inserción laboral de los beneficiarios de planes sociales van más allá de la capacitación. «Si el trabajador de la economía popular no trabaja en red con otros microemprendimientos, tarde o temprano el mercado se lo come. Hay que avanzar en un cambio estructural. Como pasa en Francia o en Canadá, el Estado tiene que conformar un sector de economía social sólido, con reglas distintas a las que rigen en el sector privado», manifestó.
fuente LA NACION
