Hugo Alconada Mon
Los acusados terminaron sobreseídos, y los acusadores, bajo sospecha. Así puede resumirse el fallo del juez federal Claudio Bonadio , quien sobreseyó a cuatro altos funcionarios de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) tras determinar que fueron víctimas de una denuncia falsa promovida desde el kirchnerismo con pruebas plantadas.
La historia tiene como protagonistas a los funcionarios Eliseo Devoto, Jaime Mecikovsky, Adriana Raggi y Alejandro Gustavo González, quienes fueron acusados en 2016 por el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten y antes por el diputado del Frente para la Victoria (FPV) -y exempleado de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI)- Rodolfo Tailhade.
Ambos acusaron a los funcionarios de la AFIP de integrar una banda que traficaba información secreta del organismo para alimentar las denuncias públicas y judiciales de Margarita Stolbizer y Lilita Carrió , y que también utilizaba esos datos para negocios personales.
Las supuestas víctimas de esa «banda», según los denunciantes, abarcaban un grupo dispar: desde el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti , y el entonces candidato Daniel Scioli hasta el presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici; los empresarios Nicolás Caputo y Hugo Tinelli, y el presentador de televisión Sergio Lapegüe.
La denuncia primero quedó en manos del juez federal Luis Rodríguez, quien ordenó allanamientos; secuestró computadoras, tablets y teléfonos de Mecikovsky y otros denunciados, y ordenó un peritaje, para solo meses después declararse incompetente y enviarle la causa a Bonadio, quien tramitaba una causa anterior.
Para entonces, un peritaje impulsado por la defensa de Mecikovsky logró probar que Rodríguez había obviado ciertas medidas de prueba básicas en la investigación. Por ejemplo, verificar si vivía en un departamento de la calle Neuquén al 500 de la ciudad de Buenos Aires tal como sostenía la denuncia y que el magistrado allanó, aun cuando hacía 14 años que el funcionario no vivía allí.
Archivos plantados
Expertos informáticos demostraron además que dentro de una laptop de la esposa de Mecikovsky que secuestró el juez Rodríguez habían insertado ocho archivos para incriminarlo y convalidar la acusación de Sánchez Kalbermatten, quien a su vez había anticipado, con precisión, que encontrarían esos archivos en esa computadora.
Sin embargo, según los peritos, esos archivos figuraban como creados el 7 de enero de 2016, cuando esa computadora llevaba dos semanas sin encenderse y con el teclado roto.
Dos peritajes posteriores, desarrollados por el Área Cibercrimen y la Sección Análisis Tecnológico de la Policía Metropolitana, confirmaron que la computadora no se encendió entre el 21 de diciembre de 2015 y el 9 de enero de 2016 y que «los archivos en cuestión fueron introducidos a través de un almacenamiento externo sin iniciar el sistema operativo existente en la computadora».
Con esos informes, Bonadio sobreseyó a los cuatro funcionarios de la AFIP, y apoyado en los resultados de esa y de otra investigación anterior iniciada con una denuncia de Tailhade afirmó que «se determinó que la conducta endilgada a los imputados no fue cometida por ellos, claro está, sino por las autoridades de la AFIP anteriores». Es decir, por funcionarios de la gestión de Ricardo Echegaray.
Según el juez Bonadio, «se demostró» en la otra investigación «que la anterior administración obtuvo datos reservados subrepticiamente, creando una sección especial para canalizarlos de los sistemas de AFIP y luego posiblemente utilizarlos» para su provecho.
Por su parte, Mecikovsky radicó una denuncia penal para que se investigue quién introdujo esos archivos y cargó contra Sánchez Kalbermatten, «quien se hiciere famoso por los videos de la extorsión que supuestamente habría realizado al empresario Sebastián Eskenazi» junto a Juan Manuel Ducler. Ambos, esta semana, fueron procesados en el expediente.
Para Mecikovsky, el abogado Sánchez Kalbermatten no sería más que el vértice visible de algo más profundo, «una asociación ilícita destinada a intimidar a los funcionarios que están revisando (…) la legalidad de lo actuado por parte de la cúpula [anterior] de la AFIP y de la DGI».
La denuncia contra Sánchez Kalbermatten se suma a la que abogados de la AFIP presentaron contra Ricardo Echegaray y otros ex altos funcionarios del organismo por una presunta asociación ilícita destinada a delinquir y proteger a figuras y empresarios del gobierno anterior. Entre ellos, los Kirchner, Lázaro Báez, Cristóbal López y Amado Boudou. La denuncia quedó en manos del juez federal Daniel Rafecas.
La nación