Se llama Diego Pereyra y es el principal dirigente de la agrupación juvenil en Río Negro.
El principal referente de La Cámpora en Río Negro, Diego Adrián Pereyra, también conocido como «Kotaro», fue imputado en Bariloche por un fraude contra la administración pública ocurrido durante el gobierno de Cristina Fernández. Pereyra fue acusado en la justicia rionegrina por haberse quedado con 200 mil pesos en 2012, durante su gestión como delegado del Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas (CODECI). Este dinero estaba destinado a socorrer a la comunidad Tacul Cheuque afectada por la caída de cenizas del volcán Puyehue en 2011. Los crianceros requería con urgencia del aporte para comprar alimentos y agua para sus animales. Pero la plata jamás les llegó y Pereyra tampoco explicó en qué se la gastó. Los Tacul Cheuque llegaron al punto de manifestarse por las calles de Bariloche reclamando que habían sido olvidados por el Estado nacional.
El ex delegado todavía mantiene sobre sí otra denuncia, que data de 2013, por “vaciamiento” del canal mapuche Wall Kintun con sede en Bariloche. Aunque el canal recibió aportes presupuestarios del Gobierno, no fueron adquiridos los equipos necesarios para salir correctamente al aire. Pereyra tenía relación directa con la provisión del canal, señalaron los mapuches.
El ex delegado hoy trabaja como asesor del diputado nacional Martín Doñate (FpV). El año pasado fue uno de los voceros de la comunidad Lafken Winkul Mapu que ocupó el predio de Mascardi donde murió el joven Rafael Nahuel durante un operativo del grupo Albatros de Prefectura Naval.
Esta semana, el fiscal Guillermo Lista formuló lo cargos contra «Kotaro» por fraude a la administración pública durante el gobierno kirchnerista. Como delegado del CODECI recibió 197.800 pesos entre marzo y agosto de 2012 girados por Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Con este dinero, se pretendía palear la crisis que atravesaba la comunidad Tacul Cheuque.
«No fueron rendidos y no se sabe el destino de los fondos», informó Lista en la audiencia. Ahora el juez de Garantías, Juan Martín Arroyo, dispuso de cuatro meses para desarrollar la investigación. En 2013 la directora del canal mapuche, Deolinda Buenuleo, denunció a Pereyra como el responsable directo del «vaciamiento» de la emisora Wall Kintun. El canal se había fundado en 2012 en el marco de la nueva Ley de Medios. Buenuleo aseguró que los indígenas sólo pusieron la «firma» pero que no participaron en la conformación del canal. A pesar de las partidas presupuestarias enviadas desde Buenos Aires, la directora explicó que el canal no albergaba una estructura técnica imprescindible ni equipos. Buenuleo apuntó al camporista y la denuncia se perdió en el tiempo.
La protesta mapuche en la Catedral de Bariloche, días atrás.
Pereyra se autodenomina públicamente como «mapuche» aunque no tiene relación familiar o sanguínea con los aborígenes. Para los indígenas, «Kotaro» es un «winka», debido a su origen y color de piel. En la Patagonia se lo conoce como el más importante precursor de un movimiento destinado a «convertir» al kirchnerismo a toda la comunidad mapuche de Río Negro, Neuquén y Chubut. Para eso ha contado con la ayuda de referentes K como Martín Sabbatella, la diputada María Emilia Soria (FpV), el representante de la Confederación Mapuche de Neuquén, Jorge Nahuel y la del lonko Facundo Jones Huala, hoy detenido en Esquel, según cuentan los propios mapuches e integrantes de organizaciones sociales de la Patagonia.
Clarín pudo averiguar que el proyecto que desvelaba a Pereyra hasta el año pasado era sacar de «en medio» a los lonkos más antiguos y reticentes a involucrarse en política para ubicar a nuevas autoridades más predispuestas a volverse «mapuches K».
«Como Pueblos Originarios y Mapuches, consideramos legítima nuestra posición de apoyo y acompañamiento al proceso de transformación social iniciado por Néstor Kirchner y que actualmente encabeza la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Por lo tanto, nos identificamos como militantes activos de este Proyecto Nacional y Popular, considerando legítimo que otros hermanos abracen otras opciones políticas», indica un comunicado de noviembre de 2013 firmado por Pereyra y otros dos referentes indígenas.
En diciembre de 2017, el gobernador Weretilneck apuntó a «Kotaro» y a La Cámpora por impedir que se concrete el relevamiento del territorio indígena en esa provincia. El mandatario argumentó que ante la imposibilidad de destrabar un conflicto con las organizaciones kirchneristas lideradas por él no fue posible implementar la actividad con un presupuesto de alrededor de 2,5 millones. Estos habían sido enviados por el INAI entre 2008 y 2011, pero la administración provincial lo redirigió a otras iniciativas.
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