«No doy por muerta la posibilidad de llegar a un acuerdo». Quien lo asegura es un alto funcionario del Gobierno, para quien su apuesta de máxima es que el proyecto para limitar los aumentos de tarifas aprobado por Diputados no llegue al recinto de la Cámara alta, donde la mayoría opositora lo convertiría en ley.
Pese al ultimátum del martes para enviar una propuesta alternativa que lanzó el jefe del bloque del PJ, Miguel Pichetto, el funcionario no pierde sus esperanzas. «A los senadores opositores no les va a resultar tan fácil aprobar un proyecto que aumenta entre $80.000 y $100.000 millones el déficit». Y asegura que -por lo bajo- reconocen que «es una locura sacar esta ley en este momento».
En diálogo con un reducido grupo de periodistas, el hombre de Cambiemos con despacho en la Rosada descarta que el Gobierno presente otro proyecto para impedir que avance el aprobado por los diputados de la oposición. «No creemos que el Congreso deba fijar tarifas», argumenta en línea con lo que sostuvo públicamente el gobernador cordobés Juan Carlos Schiaretti, y con menos énfasis, el salteño Juan Manuel Urtubey. Ambos son de los mandatarios opositores con mejor diálogo con Mauricio Macri.
Off the record, el funcionario admite lo que le dicen sus interlocutores peronistas: «Ustedes se metieron solos en el tema tarifas. Nosotros estábamos calladitos». No ignora el impacto de los cuestionamientos que nacieron dentro de la coalición gobernante por el aumento en las facturas de electricidad y gas, liderados por el gobernador de Mendoza y presidente de la Unión Cívica Radical, Alfredo Cornejo, a los que luego se sumó la diputada Elisa Carrió. «No nos tiene que volver a pasar lo de Cornejo», se lamenta. Confía en que la ampliación de la mesa política para la toma de decisiones en el Gobierno contribuya a neutralizar este tipo de situaciones. «La crisis sirvió para aceptar que nos estábamos cerrando y que las voces críticas pueden tener razón», concede.
Consultado sobre los interlocutores para intentar llegar a un acuerdo antes del martes, el funcionario afirma que serán tanto los senadores como los gobernadores peronistas. Los mandatarios opositores con los que el Gobierno tiene mejor relación – y que se verían afectados por la devolución del dinero a los usuarios por parte de la distribuidoras provinciales – pasaron la semana anterior por la Rosada en medio de la crisis cambiaria. Allí escucharon nuevamente las críticas de Macri a la iniciativa aprobada en Diputados frente a la necesidad de reducir el déficit fiscal, pero no adelantaron una postura unánime.
Pichetto, sin embargo, ya anunció en el plenario de comisiones que arrancó esta semana, que el próximo martes tienen previsto sacar dictamen. El proyecto estaría así en condiciones de ser tratado por el cuerpo en las próximas dos semanas. «Abordamos esta discusión con un compromiso claro. Hasta el martes hay una posibilidad de que el Ejecutivo plantee un proyecto responsable, más gradual, más razonable para la gente. Y si esto llega al Senado, nosotros podemos abordar la discusión. Caso contrario, vamos a ratificar la media sanción, que va a funcionar como un mensaje», sostuvo.
Desde el entorno de Pichetto niegan una negociación subterránea con la Casa Rosada para frenar el proyecto opositor, y reafirman que «habrá dictamen, salvo que el Gobierno recapacite y presente una propuesta con una baja sustancial y concreta de tarifas».
De aprobarse el martes en Comisión, el proyecto no tendría modificaciones por lo que se convertiría en ley, y obligará a Macri al veto que ya anunció.
La constitucionalidad en duda
La iniciativa sancionada en Diputados prevé retrotraer los aumentos al 1 de noviembre de 2017, y limitarlos a partir de esa fecha a la variación salarial, para los usuarios residenciales. Pero además obliga a las distribuidoras de cada provincia a reintegrar a los usuarios lo que les cobró de más desde esa fecha.
Los senadores de Cambiemos quieren escuchar antes de un posible dictamen a los gobernadores, a las distribuidoras energéticas provinciales y a Cammesa, la empresa mayorista de energía con participación estatal en la que el gobierno nacional tiene poder de veto. Todos están convocados para el martes a las 11 de la mañana al plenario de las Comisiones de Minería, Energía y Combustible, de Derechos y Garantías, y de Presupuesto y Hacienda. Si bien no esperan que los mandatarios asistan, confían en que algunos como Schiaretti o Urtubey pueden enviar un representante, o una nota señalando que el proyecto con media sanción es inconstitucional. «Sería una señal de apoyo político», evalúan en el oficialismo.
La inconstitucionalidad es uno de los puntos que argumentan desde el oficialismo para rechazar la iniciativa. El jefe del interbloque de Cambiemos, Luis Naidenoff, sostiene que el Congreso tiene competencia para regular el transporte y distribución del gas y la energía, pero que el precio final es competencia del Poder Ejecutivo. «Y el Ejecutivo Nacional sólo puede hacerlo para los usuarios de Edenor, Edesur, y Metrogas, porque la única zona donde tiene injerencia es el área metropolitana. En el resto de las provincias, el precio final de la tarifa lo fijan los poderes ejecutivos provinciales y municipales, luego de hacer las audiencias publicas», afirma. Esto explica la disparidad de las facturas en los diferentes distritos, en las que tiene una fuerte incidencia el Valor Agregado de Distribución (VAD), fijado por las distribuidoras provinciales.
El senador radical por Formosa destaca que en el plenario de Comisiones, «el propio Pichetto reconoció que es una barbaridad la media sanción, porque beneficia al AMBA en detrimento del interior. El proyecto así como está, implica un descalabro para las provincias porque las distribudoras provinciales -en muchos casos de mayoría estatal- deben devolver el dinero de los aumentos que cobraron, desde el 1 de noviembre», asegura.
A esto se agrega la deuda que las empresas distribuidoras mantienen con Camessa, a quien le compran la energía. Si bien los usuarios pagaron los incrementos en las facturas, las distribuidoras no regularizaron su deuda con la mayorista eléctrica. A la fecha, según datos que manejan en el Ministerio de Energía, esa deuda asciende a $32.000 millones, de los cuales $ 18.000 vienen de la gestión anterior y están en un plan de pagos, en tanto que otros $14.000 millones son deuda nueva. Como ejemplo, la empresa provincial EPEC de Córdoba le debe $ 2.000 millones, más de dos meses de energía eléctrica.
La trampa del veto
«El error político fue decir que Macri iba a vetar el proyecto. Ahora los gobernadores especulan con eso. Saben que es inviable para las provincias pero no les preocupa si sale la ley, porque el veto va a impedir que se haga efectiva, y el costo político lo va a pagar Macri», se lamenta una espada de Cambiemos en la Cámara alta. «Estamos haciendo lo que corresponde, pero también es cierto que la gente no aguanta el cimbronazo», admite.
En Cambiemos saben que hoy el déficit es inmanejable y que el «único ajuste real» que hizo el Gobierno es la baja en los subsidios. «Es muy difícil pensar en una alternativa sin la anuencia de los gobernadores», reconocen.
El área que comanda Juan José Aranguren logró en dos años el mayor ahorro de la gestión de Macri: USD 8.500 millones por la reducción parcial de los subsidios. Los redujo de USD 15.000 millones a USD 6.500 este año. Estos números están hoy en medio de la batalla política y la incertidumbre económica.
fuente INFOBAE
