Si siguiera los pasos que el Lava Jato recorrió en Brasil, Perú y Panamá, el capítulo argentino podría llevar a prisión a políticos corruptos y a empresarios corruptores y cartelizados. Pero también provocar pérdidas de uno o más puntos porcentuales del producto bruto interno (PBI) por año, según surge de varios estudios desarrollados en Brasil y en países afectados por los coletazos del escándalo, como Perú y Panamá, durante los últimos años.
En Brasil, el Lava Jato golpeó de lleno en la obra pública federal y estadual, con derivaciones negativas en otros sectores de la economía de ese país a medida que el juez Sergio Moro y los fiscales avanzaron sobre Odebrecht y otras grandes constructoras que se repartieron los contratos más jugosos.
En Perú, las investigaciones locales desatadas a partir de las evidencias que llegaron desde Brasil también provocaron un enfriamiento de la economía durante 2017, con secuelas que se extienden hasta hoy, mientras que en Panamá, el país de mayor crecimiento de América Latina durante los últimos años, el Lava Jato causó una merma de 0,5 puntos porcentuales durante 2017, según anticipó Moody’s.
Consciente de esos temores, el juez Moro pidió no centrarse en el corto plazo durante una conferencia reciente que brindó en Nueva York. Planteó que la lucha contra la corrupción fortalece la seguridad jurídica, torna más eficiente la economía y, a la larga, genera mayor productividad, con mercados más transparentes y competitivos. «Los inversores deberían pensar en el panorama general, deberían estar contentos porque tendrán un mejor lugar para invertir», argumentó Moro, y comparó la situación brasileña con el escándalo Watergate, que sacudió a Estados Unidos en los 70. «Trajo inestabilidad política, pero ¿habría sido mejor dejar a Richard Nixon?».
Aun así, el desarrollo del capítulo argentino del Lava Jato podría resultar, en el corto plazo, una pésima noticia para el Gobierno, mientras busca revitalizar la economía, reducir el déficit y bajar la inflación, en un contexto que se avizora complicado.
En ese contexto, Brasil podría enviar a la Argentina información incómoda. Según surge de las evidencias que obtuvo LA NACION, los «delatores» de Odebrecht relataron cómo la constructora coimeó y se cartelizó con las empresas locales, bajo la batuta del entonces presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner.
Los delatores también afirmaron que Odebrecht pagó coimas en la Argentina de acuerdo con el porcentaje que tenía en cada consorcio. De ser así, sus socios en cada proyecto se habrían encargado de pagar los sobornos según su respectiva participación, algo que estos negaron esta semana a LA NACION.
Sin embargo, el lobby para aletargar las pesquisas locales aumentó desde que los fiscales argentinos acordaron una estrategia común para destrabar el envío desde Brasil de las evidencias que duermen allá desde el 1º de junio de 2017, confiaron dos de esos investigadores a LA NACION.
Por lo pronto, las secuelas inmediatas del Lava Jato en las economías son ya conocidas. En Brasil, la entonces presidenta Dilma Rousseff estimó en 2015 que esa investigación había provocado una merma de un punto porcentual en el PBI brasileño. Es decir, cuando el expresidente Luiz Inacio Lula da Silva y Marcelo Odebrecht aún estaban muy lejos de ir a prisión.
También durante 2015 la consultora GO Associados fue más drástica que Rousseff. Cifró la merma para ese año en 2,5 puntos porcentuales o 142.500 millones de reales, tras tomar como parámetro los planes de negocios de la petrolera Petrobras.
En diciembre de 2017 y en Perú, el presidente de la sociedad de profesionales de inversión, Melvin Escudero, trazó un cuadro similar: «El escenario de crisis política y el tema de agravamiento del caso Lava Jato podrían costarnos alrededor de un punto porcentual de crecimiento económico para el 2018 y eso es demasiado, ya hemos tenido el impacto del Lava Jato en el 2017 que nos ha costado un punto porcentual de crecimiento», remarcó. Por su parte, el entonces ministro de Economía y Finanzas peruano Alfredo Thorne informó que el gobierno debió transferir algunos proyectos de obra pública a otros consorcios, ya que algunos habían sido impactados por los remezones del Lava Jato.
¿Puede ocurrir en la Argentina algo similar? Odebrecht se encuentra suspendido dentro del Registro Nacional de Constructores, pero reclama porque las empresas con las que trabajó en la Argentina continúan activas y pujan en licitaciones bajo el régimen de participación público-privada (PPP).
Esas empresas son Roggio y Cartellone -socias de Odebrecht en la construcción de la planta potabilizadora de Aysa y cuyos titulares, Aldo Roggio y Tito Biagini, se encuentran procesados- y Sacde -ex-Iecsa, socia para soterrar el tren Sarmiento y cuyo exdueño y un exejecutivo fueron citados a indagatoria-, en tanto que Techint fue su subcontratista para extender las redes troncales de gasoductos y fue declarada «no idónea» en Brasil para disputar cualquier contrato con el gobierno federal de ese país durante cinco años.
Consultadas por LA NACION, sin embargo, desde Roggio, Cartellone y Sacde rechazaron las acusaciones de Odebrecht, a la que le adjudicaron actuar siempre por su cuenta, sin informar a sus socios. «Nos venían siempre con todo decidido», indicó uno de los voceros consultados. «Nos decían qué teníamos que hacer y se cortaban solos. Para todo». Desde Techint, indicaron que nunca se asociaron a Odebrecht, sino que fueron subcontratados para los ductos -como también lo fueron BTU y Escuco, de Wagner, pero para construir plantas compresoras-, y aclararon que apelaron en Brasil la sanción de no idoneidad, que se encuentra suspendida.
fuente LA NACION
