LA PLATA.- Nuevas denuncias por aportes apócrifos en la última campaña electoral de Cambiemos se acumulan cada día en los tribunales federales de La Plata .
La gobernadora María Eugenia Vidal ayer se defendió: «Yo no tengo denuncias por corrupción -dijo-.Yo no me ocupé de la rendición de fondos. Yo no fui candidata», destacó.
Es cierto. Vidal era la gobernadora en 2017. Pero los denunciantes piden investigar la responsabilidad de la gobernadora como máxima responsable de Pro en este territorio. La Justicia aún no determinó si Vidal tenía conocimiento de los presuntos delitos, pero los denunciantes piden explicaciones.
Lili es médica. El jueves que pasó se tomó el día para ir a los tribunales federales de La Plata. Fue al Juzgado Federal Nº 1 con competencia electoral a denunciar que aparece como aportante de la campaña de Cambiemos y como afiliada a Pro. «Es un delito y yo, que voté a Vidal, no lo voy a encubrir», dijo a LA NACION. «Yo les creía. Ahora no los voto más», sostiene la mujer, que aparece en las nóminas como aportante al partido gobernante en la última campaña electoral.
Lili es una de las decenas de nuevas denunciantes que se presentan cada día en los tribunales federales de esta capital para denunciar que su nombre y su firma fueron utilizados para justificar aportes partidarios de procedencia desconocida durante la elección de 2017.
Sergio García es otro de los denunciantes que se presentaron de manera espontánea en los tribunales federales de La Plata para denunciar que no hicieron aportes a Cambiemos en la última elección. En total son quince los nuevos denunciantes que niegan haber pagado la campaña del partido oficial.
«Estoy en la lista aportando $1400. Yo ya hice la presentación diciendo que no era aportante ni afiliado. Desconozco de dónde viene y la razón. Es incompatible con mi cargo: está prohibido donde trabajo ser aportante o afiliado a un partido político», dijo García a LA NACION. «No tengo relación con Cambiemos. Esto me puede causar trastornos en mi actividad laboral», enfatizó.
Todas las nóminas de aportantes de Cambiemos son revisadas ahora de una auditoría interna de la Justicia Electoral. Allí consta que Cambiemos declaró que gastó $69,3 millones en la elección de diputados y senadores nacionales. Esto es tres veces más de los $23,3 millones que declaró Unidad Ciudadana .
Los listados, con cientos de nombres de presuntos afiliados y aportantes falsos, son ahora objeto de tres causas federales en las que se investiga lavado de dinero y falsificación de documentos públicos, entre otros posibles delitos. Dos de las causas se tramitan ahora en La Plata: una en un juzgado electoral y otra en un juzgado penal.
El fiscal electoral Jorge Di Lello declinó su competencia la semana pasada y ese expediente se tramita desde el miércoles ente el Juzgado Federal Nº 1, a cargo de Adolfo Ziulu. El fiscal ante este juzgado cambió la misma semana que llegó el expediente: Hernán Schapiro, un reconocido fiscal con actuación en resonantes causas de lesa humanidad, fue reemplazado por Guillermo Ferrara.
En ese expediente, al que tuvo acceso LA NACION, la Justicia verificó que 189 personas que figuran como aportantes de la campaña de Cambiemos de 2017 son beneficiarias de la Anses: 36 personas cobran la asignación universal por hijo; cuatro personas, la asignación familiar; 96 están en el programa Hogar; dos reciben el programa Progresar, y una recibe un subsidio por contención familiar, entre otros beneficios. Además, otras 125 personas son beneficiarias de programas del Ministerio de Desarrollo Social como Ellos Hacen o Argentina Trabaja y Hacemos Futuro.
Débora Tovani es beneficiaria de este último plan. Ella vive en Villa Itatí, en Bernal. También votó a Vidal y está molesta porque apareció en las nóminas de Cambiemos con aportes por unos 2450 pesos. Ese dinero es poco más de la mitad del que cobra por el plan de $4500 de Hacemos Futuro, en el Ministerio de Desarrollo Social. En los últimos meses vendió rosquitas y bolas de fraile en su barrio – la villa más grande del conurbano- para sostener a sus tres hijos. Nunca aportaría un peso a un partido político, sostiene, porque tiene otras prioridades: mantener a sus tres hijos. Ahora tiene miedo a perder el plan de beneficio social.
Débora es parte de un grupo de trece personas -casi todas con domicilio en Villa Itatí, Bernal- que se presentaron el 20 de julio último en el Juzgado Federal Nº 3, a cargo de Ernesto Kreplak, para denunciar los presuntos delitos de falsificación de documento público, falsedad ideológica, uso de documento público falsificado y lavado de dinero.
En esta denuncia se solicitó al juez penal investigar la responsabilidad de la gobernadora María Eugenia Vidal, en su carácter de presidenta de Pro, como «corresponsable o encubridora» de estos delitos.
fuente LA NACION
