El Gobierno le acercó al juez Claudio Bonadio información sensible sobre un multimillonario fideicomiso para la construcción de gasoductos en Santa Cruz , un contrato en el que intervinieron de forma directa Julio De Vido , el gobierno provincial y la firma BTU, de Carlos Mundin, uno de los empresarios presos en la causa de los cuadernos de las coimas .
La Oficina Anticorrupción, tras recopilar información del Ministerio de Energía y de Nación Fideicomisos, había denunciado ese contrato en julio (antes del escándalo) por un pago presuntamente irregular de casi $1000 millones autorizado por De Vido el 2 de diciembre de 2015, ocho días antes de dejar el gobierno.
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La denuncia había recaído en el juzgado del juez Ariel Lijo , con intervención del fiscal Ramiro González. Esa causa no avanzó, pero ahora el material cobró otra relevancia en el marco de la investigación por los cuadernos del chofer Oscar Centeno.
Los antecedentes
El proyecto de los gasoductos de Santa Cruz se inició en 2005, aunque hay indicios de que tuvo su germen antes, cuando Néstor Kirchner estaba en la gobernación.
La ampliación de la infraestructura previó tres fases que abarcaron distintas localidades de la provincia. Las etapas I y II, más rentables, debían financiar la etapa III.
El entonces gobierno constituyó un fideicomiso financiero cuyos fondos provendrían, entre otras fuentes, de los cargos tarifarios a pagar por los usuarios de gas y de los subsidios que se evitarían a futuro como consecuencia de las obras.
Originalmente, el monto previsto en el contrato para toda la obra fue de US$121 millones.
Siempre de acuerdo con la denuncia, la etapa I terminó con un valor 63% por encima del costo inicial y la etapa II, con un 500% más.
La mayor irregularidad, especificó la OA, se detectó en la fase final.
En el año 2015, último de la gestión kirchnerista, la etapa III no se había concretado. Y se ordenó realizar un nuevo presupuesto, que se ubicó un 771% por encima del contrato original con presuntos «sobreprecios en los costos de las cañerías, entre otros rubros», según un estudio de dos ingenieros del Ministerio de Energía.
El 16 de agosto de 2015, el por entonces gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, y Julio De Vido firmaron, de puño y letra, un nuevo convenio para que el Ministerio de Planificación girara $3.280.000.000 por fuera del marco originariamente previsto.
El acuerdo habría violado la normativa vigente: según el decreto 180/2004, firmado por Néstor Kirchner, los fondos fiduciarios para financiar el transporte del gas en ningún caso podían estar constituidos con fondos del Estado nacional.
Casi cuatro meses después, el Ministerio de Planificación autorizó un adelanto directo de $984.000.000.
Los fondos nacionales se transfirieron a Santa Cruz y ese dinero luego fue cobrado por BTU, según una factura que pudo constatar LA NACION.
El 2 de diciembre de 2015 la empresa percibió, IVA incluido, $1.178.851.485.
«Desde sus inicios la obra evidenció un entramado de acuerdos y complicidades entre todos sus participantes, que derivó en beneficios ilegítimos para ellos y en un gran fraude al erario nacional», señaló la denuncia de la Oficina Anticorrupción, que ahora está en manos del juez Claudio Bonadio.
En la marco de la investigación judicial por los cuadernos de las coimas, el empresario Carlos Mundin, presidente de BTU, sigue preso. Se negó a declarar en su indagatoria y pidió su excarcelación, que luego fue rechazada por la Cámara Federal.
Por ahora no manifestó su intención de arrepentirse.
A su vez, la firma BTU no quiso por ahora hacer manifestaciones públicas en la causa de los cuadernos.
La firma está bajo la lupa en el capítulo argentino del Lava Jato.
La empresa, en tanto, construyó en 2005 una de las plantas compresoras para ampliar el Gasoducto Norte a nivel nacional.
En el Gasoducto Sur, la firma sueca Skanska había admitido el pago de coimas.
«No pagamos coimas y no presentamos sobreprecios», se había defendido en aquellos años Mundin, actualmente en prisión.
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